La ONG norteamericana Plan Internacional continúa activa en Ecuador, desde el 2014. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que operan en el Ecuador ya no tienen entre las prohibiciones legales participar en actividades de injerencia política y/o proselitistas.
Es decir, estas agrupaciones internacionales podrán, por ejemplo, participar con opiniones o estudios en temas de la política nacional.
También se excluyó de las prohibiciones las actividades que atenten contra la seguridad y paz pública, como participar en protestas sociales.
Estas disposiciones estaban consideradas en los decretos ejecutivos 16 y 739, que se emitieron en 2013 y 2015, respectivamente. El presidente Lenín Moreno derogó estos y otros documentos relacionados con las organizaciones sociales.
Además, en un nuevo decreto ejecutivo, introdujo seis cambios en la regulación que el Estado ejerce en las ONG extranjeras que operan en el país o que quisieran hacerlo.
Se suprimió la atribución del Ecuador para obtener, a través de las embajadas y consulados que operan en el extranjero,
información sobre la legalidad, seriedad y solvencia de las ONG internacionales que busquen operar en Ecuador.
Además, se eliminó la potestad para que las entidades estatales que estén a cargo del control de estas organizaciones internacionales realicen un seguimiento para “examinar sus actividades”.
Tampoco se consideró el inciso que establecía que las ONG extranjeras no podrán implementar, intermediar o ejecutar proyectos financiados con recursos de la cooperación internacional no reembolsable, es decir, de convenios entre dos o más países.
Según datos de la Cancillería (hasta este 24 de octubre), en Ecuador hay 208 ONG extranjeras registradas. Sin embargo, de todas esas organizaciones, solo el 43,75 % está activo (91). Otras 74 finalizaron sus convenios, 17 están en proceso de terminación y apenas 26 están iniciando nuevos convenios.
En el decreto firmado por Moreno el lunes último se estableció también que los proyectos de estas organizaciones deben estar articulados con el Plan Nacional de Desarrollo.
Y, desde ahora, las ONG deben coordinar sus actividades con los ministerios y entidades públicas que controlen el sector en el que se desarrollen.
José Ayala Lasso, diplomático y excanciller ecuatoriano, considera que todos los gestos que hablan de una modificación del espíritu de control que antes prevalecía en el país le hacen muy bien al Ecuador.
Por ejemplo -dice- ya es noticia internacional que el presidente Moreno busca el diálogo con la ciudadanía y eso genera confianza en el extranjero.
“Lo malo es que subsisten ciertas dudas porque se mantiene la posibilidad de que el Gobierno interprete la razones por las que se podría concluir que una entidad extranjera no está cumpliendo con las finalidades para las que se creó”.
Agrega que ampliar las posibilidades de que las ONG extranjeras vengan al Ecuador, es un movimiento estratégico, porque esto contribuirá al desarrollo económico y social.
Desde la publicación del decreto 16, que fue complementado con el 812 y luego con el 739, varias organizaciones internacionales han dejado el país. Eso se ha visto reflejado en la baja de proyectos de cooperación internacional.
En 2008, los proyectos de cooperación llegaron a 1 454. En 2011, aunque este número bajó, el monto de inversión alcanzó su máximo, con USD 396 millones. Pero en 2016 los proyectos sumaron 367, por un monto de USD 13,6 millones.
La cifra de países y organismos internacionales que han cooperado se mantiene en un promedio de 35, anualmente.
En septiembre del 2014, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la fundación alemana Konrad Adenauer Stiftung (KAS) dejaron el país.
La Usaid lo hizo después de que el Gobierno anunciara que se requería firmar un nuevo acuerdo bilateral de cooperación. Y la KAS argumentó su salida bajo el creciente control del Gobierno en el trabajo político de las ONG.
En 2014, Alemania tenía 87 proyectos de cooperación en Ecuador, por USD 29,6 millones. En 2016 fueron 27 proyectos, por USD 2 millones. Estados Unidos mantenía 176 proyectos, por USD 44 millones en 2014. En 2016 quedaron solo 82 iniciativas de cooperación.
Según Moreno, con este decreto, se busca eliminar las “trabas burocráticas” que constaban en los anteriores instrumentos. Agregó que se busca facilitar la organización social y civil tanto a nivel local como de ONG extranjeras que quieran ingresar al país.
En el plano local, organizaciones que fueron disueltas como la Unión Nacional de Educadores empezarán el trámite para su reactivación.
Punto de Vista
‘La medida luce contradictoria’
Santiago Basabe, doctor en Ciencia Política y docente en Flacso.
Este decreto tiene que ver con ir cambiando la política exterior. Sin embargo, esta, al igual que otras decisiones del Gobierno, luce contradictoria. Por un lado, el decreto puede incentivar el retorno o la llegada de organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras, en términos de apertura a la cooperación, al intercambio y al mayor espacio. (Pero la Cancillería es la entidad encargada de autorizar el ingreso de ONG extranjeras al país). Entonces esto es contradictorio con la orientación de la política exterior del Gobierno. Si hay un campo en el que la línea del expresidente (Rafael) Correa casi no ha variado, es en el plano de las relaciones internacionales. La presencia de la ministra María Fernanda Espinosa da cuenta de ello.
En contexto
En el Ecuador hay 91 organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras activas. Con el decreto del presidente Lenín Moreno se facilita el ingreso de nuevas agrupaciones para operar en el país y se flexibiliza el control para las que ya tienen convenio.