21 de septiembre de 2018 00:00

Las reglas para juicios políticos se revisan en la Asamblea Nacional

El pasado 19 de septiembre 2018, la comisión de Fiscalización recibió al exministro de Economía y Finanzas Carlos de la Torre. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Política
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politica@elcomercio.com

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El trámite de dos pedidos de juicios políticos vuelve a poner a prueba a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, sin que aún existan definiciones sobre reformas legales para evitar que estos procesos queden en el limbo.

Una de ellas tiene que ver con el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, a quien las asambleístas Tanlly Vera y Rina Campain, de Creo, y Carmen Rivadeneira (AP), lo acusan de incumplir con las funciones que desempeñó por menos de un año.

En una sesión de la Comisión, prevista para el próximo lunes, 24 de septiembre del 2018, en Montecristi (Manabí), se conocerá si el proceso pasa o no al Pleno. La presentación de pruebas de cargo y descargo terminó hace dos días.

Las legisladoras lo acusan de haber dispuesto el traslado de USD 300 millones que estaban asignados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas a la Cuenta del Tesoro Nacional, algo que él justifica.

Para el desenlace tuvieron que esperar siete meses, pues la solicitud fue presentada el 8 de febrero, pero solo el 8 de agosto fue calificada por el Consejo de la Administración de la Legislatura (CAL) y hace poco más de 3 semanas pasó a la mesa de Fiscalización.

En el caso del proceso que impulsa desde el 26 de julio la asambleísta Verónica Guevara (ex AP) contra el exministro de Agricultura, Rubén Flores, en cambio, la Comisión avocó conocimiento el miércoles pasado y desde entonces empezó a correr el plazo de 15 días para la sustanciación.

Los interpelantes confían en tener un resultado favorable, aunque reconocen que será poco útil, pues lo que pretendían era que ambos sean destituidos de los cargos que ya no tienen en el Gobierno.

En los últimos meses, muchos opositores empezaron a llamar a esa mesa como la “Comisión del Limbo”, a partir de que no se lograran los votos ni para archivar ni para dar paso a la interpelación en el Pleno del cesado Consejo de la Judicatura que presidía Gustavo Jalkh. Lo mismo en el caso del exsuperintendente de Bancos, Christian Cruz.

Las reglas para juicios políticos se revisan


Las reformas para que eso no ocurra están en análisis, dentro del proyecto de cambios a la Ley de la Función Legislativa que tramita la Comisión de Justicia. Hasta hoy se han dado tres reuniones sobre el tema.

El vicepresidente de esa mesa, Franklin Samaniego (ex AP), manifestó que se analizan mecanismos para acortar los plazos y términos que deberá tomar en cuenta el CAL, y que todos los informes de Fiscalización lleguen al Pleno para que este resuelva el archivo o el inicio de un juicio político.

Por parte de la propia mesa de Fiscalización se trabaja en una propuesta para que, por ejemplo, se realice de manera pública la aprobación de los informes y la valoración de las pruebas, explicó María José Carrión (AP), quien preside esa instancia.

“Ahora está a discreción de la Comisión, si es que eso se hace público”, reconoció.

Para la aprobación de un informe se necesita actualmente de los votos de la mitad más uno de los integrantes de las comisiones. Siete, en el caso de Fiscalización, pues está compuesta de 12 miembros. Y ese es otro de los aspectos que se encuentra en revisión.

“La otra reforma importante es plantear que el CAL haga verificaciones no solo de fondo sino también de forma, por ejemplo que las hojas estén certificadas, que la documentación sea acorde con la propuesta de juicio”, acotó Carrión.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla (ex AP), reconoció que la Ley vigente tiene “vacíos muy graves” para la calificación de los juicios políticos.

“No es fácil porque no solamente se trata de una reforma puntual de la Ley, sino también una reforma que permita a todos los asambleístas ejercer la fiscalización de forma correcta”, expresó Bonilla, quien integra el CAL.
Lira Villalva (ex AP), quien es una de las comisiones de Justicia y Fiscalización, manifestó que parte de los problemas en el trabajo también se dan por “una falta de coordinación” entre quienes dirigen las comisiones legislativas.

En medio de este panorama, el siguiente juicio político que deberá ser analizado por la Comisión de Fiscalización se relaciona con el exprocurador Diego García, luego de que la solicitud fuera calificada el martes por el CAL. Mae Montaño (ex Creo) debió esperar más de tres meses para que su solicitud fuera aceptada.

Entretanto, la solicitud que asambleístas de Creo y del PSC presentaron el 31 de mayo pasado contra la excanciller María Fernanda Espinosa todavía no es calificada.

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