El proyecto de Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, que establece reformas tributarias con miras a recaudar más impuestos, causó malestar y rechazo en algunos sectores involucrados.
El Gobierno había anticipado días atrás que el paquete incluiría alza de impuestos para cigarrillos, bebidas alcohólicas y un grupo de bebidas azucaradas. El proyecto, que llegó la noche del miércoles a la Asamblea, incluyó al menos 13 cambios tributarios y uno a las asignaciones de los municipios y prefecturas.
De ellos, nueve son para inyectar recursos al Fisco, que espera unos USD 300 millones anuales. La cifra fue confirmada ayer por Leonardo Orlando, titular (e) del Servicio de Rentas Internas (SRI). En declaraciones dadas a medios estatales, el funcionario defendió la propuesta. La medida “tiene como objetivo fortalecer el sistema de dolarización, mantener el empleo y defender la producción nacional”.
Con la reforma también se quiere incentivar el uso del dinero electrónico y reducir el límite para sacar dinero en efectivo del país sin pagar el impuesto a la salida de divisas.
El cuerpo normativo no modificó los tributos a los licores, pero propone aumentar el ICE que hoy paga la cerveza.
Felipe Cordobés, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Importadores de Licores, mencionó que para esta industria no hay cambio en el pago del ICE, debido a que la tabla vigente se mantiene igual en el proyecto. Están a la espera de que empiece el análisis del proyecto en la Asamblea para seguir el evaluando un posible impacto del proyecto.
En cambio, Julio Espinosa, presidente de la Asociación de Cervecerías del Ecuador, que agrupa a unas 540 personas dedicadas a la elaboración de la cerveza artesanal, dijo que la propuesta tendrá un impacto.
Esto porque con la tabla fijada en el proyecto aumenta el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) en un 65%, pasando de USD 7,24 por litro de alcohol a USD 12, lo que afecta a los costos de producción. El sector de la cervecería artesanal en el país representa 0,52% de la producción total de cervezas en el país.
El documento establece también cambios en las devoluciones de IVA, impuestos a los servicios de telefonía fija y móvil para empresas, así como cargas en las bebidas gaseosas y energizantes, además de la malta carbonatada.
Sobre el cobro de un 15% de ICE para empresas por telefonía fija y móvil, Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), explicó que el tema les tomó por sorpresa.
Aunque todavía no cuantifican el impacto de este tributo, el titular de este gremio rechazó que se cargue más impuestos a este sector cuando se pretende reducir la brecha de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
Desde la Cámara de Industrias y Producción (CIP), su titular Richard Martínez, no ve con buenos ojos la reforma porque genera un mensaje contradictorio a las empresas, que han hecho grandes inversiones en el país.
Por su parte, los microempresarios ven conveniente la propuesta de calcular el anticipo del Impuesto a la Renta con la fórmula que se aplica a las personas naturales.
Juan Fernando Gutiérrez, vocero de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab) mostró su rechazo al proyecto, que pone USD 0,25 por litro a las bebidas energizantes y carbonatadas.
“Nos preocupa y nos seguimos manteniendo en la misma posición de antes, de rechazar cualquier tipo de acción y a cualquier tipo de reforma tributaria en estos momentos, cuando el país no lo necesita porque no conviene para la economía de los ciudadanos, por la crisis que se vive”, indicó Gutiérrez.
Caterina Costa, vicepresidenta de la Cámara de Industria de Guayaquil (CIG), también considera que la reforma afectará a toda la cadena de producción. La ejecutiva explicó que, en caso de mantenerse la propuesta de fijar en USD 12 por cada litro de alcohol, el impuesto a la cerveza aumentará el precio final del producto y afectará a los más de 130 000 puntos de expendio y distribuidores en todo el país.
Los analistas tributarios, en cambio, cuestionaron el cambio relacionado con el pago del Impuesto a la Renta en las pensiones jubilares. Actualmente están exentas, pero con la propuesta pasan a gravarse.
El proyecto de Ley también elimina o reduce beneficios para las personas de la tercera edad y con discapacidad.
Wilson Ruales, exasesor del Servicio de Rentas Internas (SRI), dijo que “debiera dolerles afectar a las personas con discapacidad para recaudar dinero”. Ruales criticó el hecho de que el Jefe de Estado afecte a “todo el mundo” (en referencia a las personas con discapacidad) porque un grupo abusa de los beneficios, en lugar de que la administración tributaria controle mejor. “A las personas con discapacidad no ayuda en nada, al fisco le dará una recaudación mínima”.
El proyecto de Ley llega en momentos en que la caja fiscal ha visto reducir sus ingresos petroleros y la recaudación tributaria. El cobro de impuestos viene cayendo desde agosto pasado. La tendencia se mantiene en lo que va de este año. En febrero pasado, según datos disponibles del SRI, la recaudación de impuestos cayó 13% frente al mismo mes del año pasado.
Hoy la Comisión de Régimen Económico inicia la difusión del proyecto de Ley y el lunes su análisis.
En Contexto
El proyecto de reforma tributaria fue remitido la tarde de ayer a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. La Comisión tendrá hasta el próximo sábado para aprobar el informe para primer debate. El lunes será la primera sesión, según la Comisión.