28 de September de 2009 00:00

El Régimen quiere más beneficios en el Oleoducto de Crudos Pesados

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Redacción Negocios

El Gobierno cree que se ha beneficiado mínimamente del sistema de transporte privado de crudo, una arteria metálica por donde circula buena parte del petróleo que se extrae de la Amazonia.

La construcción del tubo estuvo a cargo del Oleoducto de Crudo Pesados (OCP), conformado por empresas privadas que asumieron el 100% de la inversión.



Las fechas claves
El 15 de febrero de 2001 OCP Ecuador SA fue autorizada por el Estado para construir el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
El 26 de junio de 2001 se inició la construcción del OCP.
El 20 de agosto de 2003 se dio por terminada la soldadura del OCP y entró en operación en noviembre de 2003.
El 27 de julio el actual Régimen formó una comisión para que analice el contrato por considerar que no estaría beneficiando al Estado. Esta infraestructura recorre 485 km desde la región Oriental hasta Balao, en Esmeraldas, donde el crudo puede ser embarcado y vendido al exterior. El Régimen criticó en duros términos esta inversión, al señalar que el OCP habría inflado costos para pagar menos impuestos.

El 27 de julio pasado, mediante Acuerdo  075, el Ministerio de Petróleos formó una comisión para  analizar el tema en un plazo de 45 días, que se cumple hoy.

El análisis se concentra en dos temas. El primero tiene que ver con el aumento del tamaño de la obra. OCP ofertó inicialmente una tubería para  transportar 310 000 barriles diarios de crudo. Pero el  gobierno de Gustavo Noboa autorizó en 2001 la construcción de un tubo con una capacidad de 450 000 barriles de petróleo  por día por día (bppd).

Según informes preliminares de la comisión, no existió justificativo que avale ese aumento. Las reservas probadas y probables de los campos en producción y no producción a esa fecha muestran la necesidad de  una tubería de 300 000 bppd y no más.

“Las mencionadas reservas incluyeron a los campos en no producción como ITT, Pungarayacu, Pañacocha, Oglan, entre otros”, detalla el análisis. Según OCP, fue el Estado el que solicitó a la empresa un oleoducto de mayor capacidad.

Cuestionado por la Contraloría en 2002 sobre este tema, el entonces Ministro de Petróleos, Pablo Terán, dijo que la decisión de aumentar el tamaño fue porque la empresa privada  asumía el riesgo de su inversión y se esperaba incentivar al sector petrolero.

Pero las actuales cifras contrastan esas expectativas. Aunque el OCP tiene una capacidad de 450 000 bppd, hoy apenas se utiliza el 24% (107 000 bppd).  

El segundo punto en análisis es la inversión. Al incrementar el tamaño de la obra también subió su costo, que pasó de USD 899 millones a USD 1 474 millones.

El Gobierno cuestiona que de ese monto OCP solo invirtió USD 55 millones como capital directo y el resto lo financió con créditos: USD 900 millones con la banca a una tasa del 7% y USD 443 millones con préstamos de las casas matrices de las petroleras, a una tasa del 18%.

Carlos Marx Carrasco, titular del Servicio de Rentas Internas (SRI), explicó días atrás que: “El resultado es inflar los costos artificialmente, ese es un mecanismo elusivo para pagar menos Impuesto a la Renta”.

Germánico Pinto, ministro de Petróleos, señaló que OCP solo pagó como Impuesto a la Renta (IR) USD 1,7 millones en 2007 y USD 1,5 millones en 2008.

Pero la firma defiende que eso es solo una parte de su contribución al Fisco. La firma pagó USD 261,8 millones entre 2001 y 2008. De eso, USD 60 millones corresponden a un impuesto que cobra el Banco Central sobre la tasa del 18% del crédito de los accionistas, por ser mayor a la tasa referencial del mercado local.

Además, sostiene que la tasa de interés del 18%, 11 puntos más frente al costo del crédito bancario, se justifica porque los inversionistas invertían a su riesgo y no tenían garantías de pago como los bancos. “Un banco quiere saber si el negocio es rentable, nadie me presta solo con la promesa de que va a ser un buen negocio”, dijo Wong Loon, presidente de OCP.

La garantía del banco consistió en que las accionistas firmen un contrato de ‘ship or pay’ (hasta 2018) que les obliga a pagar al OCP un cupo de 350 000 barriles, transporten o no el crudo.

Esto garantiza el pago de la inversión a los bancos. Este costo también le pasa la factura al Fisco, pues según la normativa tributaria, las petroleras pueden descontar este costo y deducirlo del IR.

Pero Loon señala que “el ‘ship or pay’ no es una burla para no pagar impuestos, es una práctica mundial y sin ella ningún banco podía dar el crédito”.

Según el Acuerdo 075, la comisión debe determinar si el plazo de 20 años fue adecuado para que OCP recupere su inversión y revierta las instalaciones al Estado y si se cumplió la oferta inicial.

El mandatario Rafael Correa cree que el contrato debe ser renegociado. OCP, en cambio, dice estar abierta a aclarar dudas.

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