Es plausible que los legisladores tomen decisiones sobre la realidad y no sobre cálculos clientelares. Por eso hay que apoyar los debates en la Asamblea en relación con las urgentes reformas penales que demanda la sociedad, justo cuando los delincuentes hacen cada vez más daño.
También es importante destacar que las deliberaciones en la Asamblea giran alrededor del informe de una comisión que unificó 13 propuestas de diversos sectores, con el objetivo de cambiar la valoración punitiva que se da a cada delito, la manera de administrar justicia y el complemento de la gestión policial.
El primer debate, previsto para ayer, debía desarrollarse en torno al cambio de delitos de acción privada a pública, el rol de la Fiscalía, las medidas cautelares, la eliminación de la posibilidad de apelar el auto de llamamiento a juicio y la obligación de los secretarios de los juzgados de informar las anormalidades que ocurran en las audiencias.
El trabajo que realicen los asambleístas en estos temas es trascendental para el país, pues de sus decisiones dependerán, en gran parte, los avances o estancamientos en la lucha contra la inseguridad, la delincuencia y los distintos tipos de violencia.
En 2008, sectores ciudadanos alertaron a los asambleístas de Montecristi sobre los riesgos que conllevarían las reformas penales si estas se volvían concesivas con los presuntos culpables; pero la respuesta del oficialismo fue acusar a los críticos de ‘politizar el tema’ con fines electorales.
Hoy existe la oportunidad de reivindicar el trabajo legislativo y fortalecer una normativa que aporte a la reconstrucción de niveles mínimos de seguridad para que la población pueda vivir en un ambiente de relativa calma.