3 de enero de 2020 00:00

4 leyes derivaron en enredos legislativos

El presidente de la Asamblea, César Litardo, rodeado de un grupo de asesores, en la sesión del Pleno el lunes pasado. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

El presidente de la Asamblea, César Litardo, rodeado de un grupo de asesores, en la sesión del Pleno el lunes pasado. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Roger Velez

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De las 39 leyes aprobadas por la Asamblea desde el 2017, cuatro han derivado en entredichos jurídicos. Entre las últimas está la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, que fue publicada en el Registro Oficial el 31 de diciembre pasado.

La situación se da a pesar de que esta Función del Estado cuenta con 137 legisladores, muchos de ellos abogados, y 1 233 colaboradores, de los cuales un 60% son asesores en temas legislativos y un 40%, personal administrativo.

La controversia que se originó a finales de diciembre por la reforma tributaria obligó a la renuncia de John de Mora, quien desde mayo pasado se desempeñaba como prosecretario general encargado.

El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), defendió ayer (2 de enero)  la resolución con la que el Pleno envió dicho proyecto al Registro Oficial, en una sorpresiva sesión que se dio el lunes pasado y a la que acudieron solamente 72 parlamentarios.

“Una vez que se agotó todo el debate, que ya en la Asamblea no había una situación más que realizar, el Pleno -de una manera importante- se pronunció al respecto de la publicación. Así que ya es un tema que me parece que está subsanado, más allá de lo que se diga o no”, expresó Litardo.

Para Litardo, lo que ocurrió no fue un error sino que se identificó un “vacío legal”, según dijo, cuando en el Parlamento hace dos semanas no hubo los 91 votos necesarios para ratificarse en una disposición que había sido objetada por el presidente de la República, Lenín Moreno.

El asambleísta resaltó que más del 90% del bloque de Alianza País participó de la decisión, que supuso un allanamiento tácito al artículo en el cual se establece un impuesto a los dividendos a personas naturales y jurídicas extranjeras.

La moción también tuvo el respaldo de los aliados del oficialismo, entre ellos el bloque de Creo e independientes, con lo que fue aprobada con 61 votos (cerca del doble de lo que se requería).

Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, anunció que el gremio prepara una demanda de inconstitucionalidad a dicho proyecto, con el argumento de que se pretende aplicar un tributo de manera retroactiva.

A su vez, el penalista Pablo Encalada manifestó que “alguien por réditos políticos podría plantear una denuncia por falsedad ideológica”.

El experto señaló, no obstante, que para que se configurase ese supuesto delito, se tiene que demostrar que hubo dolo; es decir, la intención de cometer un fraude. Otros abogados hablan de vicios de procedimiento.

Sin embargo, en ese mismo mes hubo otras dos polémicas. Una de ellas por haber incluido en la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) una disposición relacionada con la despenalización del aborto por violación, a pesar de que el artículo 150, que guardaba relación con el tema, no había sido aprobado por el Pleno de la Legislatura.

La otra guarda relación con el proyecto de Ley para el Registro de Violadores (Reevas), que la Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional, por discriminatorio. Lejos de buscar culpables, los bloques cerraron filas sin que aún se acatara la sentencia del máximo tribunal del país.

A esas se suma la controversia que surgió hace un año, cuando el Ejecutivo remitió una nueva propuesta de reforma a la Ley de Comunicación, en vista de que en los últimos cambios que se hicieron, el Parlamento omitió el artículo 5 en el que la comunicación sigue siendo considerada un servicio público.

El exdiputado Patricio Jijón Larco califica de “impresentable” lo sucedido con los cuatro proyectos de ley. “En general, salvando honrosas excepciones, estamos frente a una Asamblea mediocre”, sostuvo.

Cada legislador, según la Ley que rige para la Asamblea, puede contar con dos asesores y dos asistentes. A eso se suma que el Parlamento dispone de una Unidad Técnica Legislativa y una Secretaría General, cuya misión consiste en orientar las decisiones.

“El problema es que se confunde asesores con cuotas políticas, para llevar a personas que no tienen de ninguna manera los perfiles indispensables para convertirse en tales. Se confunde la tarea del asesor y se entregan cuotas políticas a amigos de asambleístas que no cumplen con los requisitos”, sostiene Jijón.

Los requisitos que debe cumplir el personal en cuanto a su formación y experiencia son un tema que le corresponde vigilar al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) . Este organismo todavía no se ha reunido para analizar el perfil de un nuevo secretario. La semana pasada fue designado René Zambrano, de entre la nómina de la Asamblea, como prosecretario general encargado por ocho días.

Para este año, el Estado destinará USD 46,7 millones al pago de honorarios, según la Proforma. Cada legislador percibe USD 4 759 como remuneración mensual unificada.

Proyectos

Enero del 2019

El Ejecutivo envió un nuevo proyecto de reforma a la Ley de Comunicación, para modificar el artículo 5 que la concibe como servicio público.

Octubre del 2019
El proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) tuvo varias observaciones de Carondelet, entre ellas cuatro por inconstitucionalidad.

Noviembre del 2019
La Corte Constitucional dispuso el archivo de la Ley para el Registro de Violadores de Niños y Adolescentes (Reevas), por ser discriminatoria.

Diciembre del 2019

En una sorpresiva sesión, el Pleno ordenó la publicación de la Ley de Simplicidad Tributaria en el Registro Oficial, en medio de discrepancias.

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