Lourdes Cuesta (con el micrófono) expuso su proyecto en la Comisión de Derechos. Foto: Cortesía: Asamblea Nacional
Todos los sectores involucrados con la Ley de Comunicación (LOC) tienen un primer punto en común: la norma tiene que modificarse pero no desaparecer.
Incluso los que defendieron la Ley como fue concebida inicialmente y los que siempre se opusieron a su creación, ahora coinciden en empezar un proceso de reformas. También tienen ya los primeros acuerdos sobre qué cambios plantear.
El día de su posesión como presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas anunció que las reformas a esta Ley son una prioridad. Y en el debate del juicio político a Carlos Ochoa, extitular de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), todas las bancadas coincidieron en que la norma debe cambiar. Es decir, que hay voluntad política para hacerlo.
Por esta razón, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) transitorio solicitó a la Asamblea celeridad en las reformas; y tomar en cuenta la coincidencia entre los proyectos, la demanda ciudadana y los medios de comunicación para eliminar la entidad.
Mientras esto no quede zanjado, la institución no arrancará con el proceso de designación del reemplazo de Ochoa.
Para iniciar este concurso, el presidente Lenín Moreno debe enviar una terna de candidatos, que se someterán a una impugnación ciudadana.
Juan Sebastián Roldán, vocero de la Presidencia, indicó que por el momento esto no es una prioridad para el Ejecutivo. Ahora concentra todo su interés en la emisión del plan económico, que se presentará en los próximos días.
No solo la designación del nuevo titular de la Supercom está en cancha de Moreno; el objetivo del oficialismo es que las reformas agrupen todos los proyectos que están en trámite, pero que el texto base sea de iniciativa presidencial.
La iniciativa está en etapa de preparación desde la posesión de Moreno, en mayo del 2017. Y Andrés Michelena, secretario de Comunicación, fue nombrado en el cargo hace más de un mes con la tarea principal de agilizar esas reformas.
Una delegación del Comité para Protección de los Periodistas estudió la situación del país. Foto: Patricio Terán /EL COMERCIO
Roldán explica que se está conversando con representantes de la ciudadanía y de los medios públicos, privados y comunitarios para saber qué hacer con esa Ley. Pero aún no se ha descartado derogarla.
“La buena noticia de la Supercom es que ya no tiene Superintendente”, dijo el consejero de Moreno al ser consultado sobre esa entidad.
La Superintendencia ha sido el punto más criticado de la LOC. En sus primeros cuatro años completos de existencia (2014-2017), impuso 429 multas. Varias de ellas, según la Asamblea que censuró a Ochoa, fueron decididas de forma discrecional y para defender los derechos de él antes que el de las audiencias de los medios.
Michelena, desde que se posesionó, se ha reunido con el Grupo Estratégico para las reformas a la LOC -conformado por periodistas, activistas y abogados- y también con una delegación del Comité de Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Ante ambos gremios, el funcionario, a nombre del Gobierno, se comprometió a reformar la Ley durante este año. César Ricaurte, parte del Grupo Estratégico, dijo que el objetivo es que la nueva Ley de Comunicación se ponga en vigencia hasta septiembre próximo.
Los primeros acuerdos a los que se habrían llegado en estos diálogos es la eliminación de la Supercom y de algunas figuras de sanción, como la censura previa por omisión y el linchamiento mediático.
El Gobierno invitará a los relatores por la libertad de expresión de la ONU y la CIDH para elaborar las reformas.
La propia Supercom preparó un proyecto durante la administración de Carlos Ochoa, aunque nunca fue presentado.
La institución indicó que la iniciativa se entregó a varios asambleístas. Entre otras cosas, esta propuesta incluye la graduación de multas, medidas sustitutivas, como la emisión de programación intercultural. También se establece la figura de la mediación.
Según el sistema de la Asamblea Nacional, desde la expedición de la LOC (2013) se han presentado 10 proyectos de reformas y derogación. Solo uno no fue calificado en el período anterior. El proponente era Henry Llanes (Creo) y buscaba la eliminación total. El resto de leyes sigue en trámite.
En la actual Asamblea, Lourdes Cuesta (Creo), Wilma Andrade (Izquierda Democrática) y Henry Cucalón (PSC) presentaron iniciativas que incluyen cambios en esta ley y, particularmente, la eliminación de la Supercom.
Solo el proyecto de Cuesta fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y asignado a la Comisión de Derechos Colectivos para su tratamiento.
El documento tiene 16 páginas y plantea en la última disposición la derogatoria de la Ley de Comunicación, aprobada en el Régimen anterior.