9 de diciembre de 2019 00:00

Otras 2 reformas anticorrupción se plantean

La secretaria Anticorrupción, Dora Ordóñez, se encarga de dar un seguimiento a las denuncias presentadas

La secretaria Anticorrupción, Dora Ordóñez, se encarga de dar un seguimiento a las denuncias presentadas. Foto: Archivo / El Comercio

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Roger Velez
Redactor (I)
politica@elcomercio.com

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El Ejecutivo planteará nuevos ajustes al Código Orgánico Integral Penal (COIP), tras la reforma que fue aprobada por la Asamblea Nacional en octubre pasado. También formulará una nueva propuesta de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip).

Los proyectos se sumarán a otras tres iniciativas que el presidente Lenín Moreno ha enviado al Parlamento en lo que va de su período, como parte de una estrategia de lucha contra la corrupción.

En el caso de la Lotaip, el planteamiento consistirá en que se derogue el cuerpo legal en vigencia, para que sea sustituido por un nuevo articulado.
Según la secretaria Anticorrupción, Dora Ordóñez, se trata de una reforma necesaria, en virtud de que la Ley en vigencia data de 2004 y no se ajusta a la Constitución actual, aprobada en 2008.

El control de la aplicación de la Ley, según el nuevo proyecto, seguirá a cargo de la Defensoría del Pueblo y se establecerán sanciones en caso de incumplimiento.

Además, se incluirán directrices para el manejo de la información reservada. Así, por ejemplo, los contratos de prestación de servicios o de ejecución de obras no podrán ser catalogados con sigilo.

El texto recoge insumos de organismos internacionales y de la sociedad civil, entre ellos, la organización Participación Ciudadana. Su entrega a la Asamblea está prevista para esta semana.

La nueva propuesta de reformas al COIP, que será presentada este mes, girará en torno a procesos más expeditos para el juzgamiento de delitos como el lavado de activos, apuntó Ordóñez.

Las otras propuestas del Ejecutivo, como la Ley de Extinción de Dominio y la Reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, todavía están en trámite. Mientras que el articulado de la Ley Anticorrupción se incluyó en la última reforma al COIP.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña (AP), sostiene que “la lucha anticorrupción no es un tema solamente de leyes”, sino de la agilidad del sistema judicial. En eso concuerda Héctor Yépez (Creo), quien, al igual que sectores de la sociedad civil, cuestiona los resultados que se han visto hasta ahora en la recuperación “del dinero robado”.

La Secretaría Anticorrupción tiene un balance de un centenar de sentencias dictaminadas por glosas a exfuncionarios.

En total suman USD 982 millones, que todavía no pueden ser reembolsados al Estado porque se encuentran en manos del Tribunal Contencioso Administrativo.

Otros USD 114 millones se tienen identificados como producto de 12 sentencias por casos de corrupción. De ese monto, 40,4 millones tienen que ver con el excontralor prófugo de la justicia Carlos Pólit, quien fue sentenciado por concusión.

Hasta el momento, sin embargo, solo USD 18 millones han regresado a las arcas del Estado, una cantidad que organismos como la Comisión Nacional Anticorrupción califican de insuficiente.

Las autoridades piden celeridad de la justicia con las nuevas herramientas. La falta de sentencias en firme conspira para la recuperación de los recursos sustraídos al Estado.

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