Pabel Muñoz, de la Comisión de Régimen Económico, dirigirá el análisis del proyecto. Foto: Archivo Diego Pallero / EL COMERCIO
La Asamblea Nacional tiene en sus manos el Proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Reactivación Económica del Ecuador. El análisis del proyecto legal arranca esta semana y el Parlamento tendrá un mes para debatir.
La propuesta contiene 21 artículos con reformas de carácter tributario, financiero, aduanero, entre otros. Alrededor de 45 reformas hacen referencia al sector empresarial. De ellas, cerca del 40% tiene que ver con reformas tributarias, algunas de las cuales ya fueron anunciadas por el Presidente el pasado 11 de octubre.
El proyecto plantea subir el impuesto a la renta (IR) para las empresas grandes, del 22 al 25%, y propone exonerar de este tributo a las nuevas micro-empresas durante dos años.
Además, plantea eliminar el impuesto a las tierras rurales y reducción de impuestos para ciertas firmas que suscriban contratos de inversión dentro del año siguiente a la vigencia de la ley. Entre ellas, el documento menciona a las mineras o aquellas que aporten con el cambio de matriz productiva.
Para Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial del Ecuador, la propuesta tiene una finalidad netamente recaudatoria. No incluyó en su totalidad las propuestas que el sector productivo planteó en los diálogos del Consejo Consultivo. Los empresarios pedirán a la Asamblea que se les permita participación en el debate de la ley.
Javier Díaz presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, consideró que algunas reformas propuestas no son precisas, como el caso de la devolución de impuestos a exportadores, que se determinaría posteriormente con un reglamento.
Díaz destacó algunos aspectos que podrán impulsar al sector empresarial e industrial, como el cambio en la fórmula para determinar el anticipo al impuesto a la renta.
No obstante, Carlos Calero, analista tributario recordó que el Gobierno ofreció eliminar el anticipo a quienes facturen menos de USD 300 000. “Las cámaras pidieron que se subiera ese monto hasta un millón de dólares. Pero ni siquiera se ha cumplido lo que se ofreció”.
Sobre la condonación de deudas tributarias (hasta dos salarios básicos unificados), Calero cree que el monto es irrisorio. “Sería bueno elevar el monto”.
Un aspecto que le preocupa a este analista es el cambio en los plazos de prescripción tributaria y caducidad. Explica que a escala mundial estos plazos han ido disminuyendo, pero en el país aumentarían con la reforma planteada por las autoridades.
Para personas naturales, la propuesta es cobrar el IR en la decimotercera remuneración, solo para aquellos contribuyentes que perciban más de 10 salarios mínimos unificados (USD 3 700 en este año). Calero advirtió que este es un tema de difícil aplicación, ya que se contrapone al Código del Trabajo, el cual establece que el decimotercero y decimocuarto están exentos del pago del impuesto a la renta.
Napoleón Santamaría, analista tributario, subrayó que el mayor impacto de la ley estará en la clase media. “Alguien que gana más de USD 36 000 al año y que no tiene hijos va a pagar el doble en tributos”.
Y añade que si bien las micro y pequeñas empresas se benefician con la exoneración del IR, no hay cambios colaterales que permitan impulsar la actividad económica.
Al no haber cambios estructurales para mejorar la productividad, la población de menos recursos también se verá afectada a futuro con aumentos de precios, sostiene Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal.
Otra de las reformas planteadas en el proyecto de ley señala que los jueces tendrán un año para evacuar, resolver y dictar sentencia en los casos tributarios, caso contrario serán sujetos de sanciones.
Santamaría recordó que actualmente hay cerca de 6 000 casos en trámite. “Esto no solo es inconstitucional sino que violenta tratados internacionales sobre justicia y protección de derechos humanos. Lo que se requiere son nuevas salas tributarias y mayor capacitación”, subrayó .
Se espera que esta semana el Consejo de Administración Legislativo remita el proyecto a las comisiones respectivas.