4 de febrero de 2021 00:00

Las reformas institucionales, la clave en la campaña de los 16 presidenciables

Los distintos candidatos presidenciales aspiran a ocupar el despacho del Primer Mandatario en Carondelet. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Consultas populares y asamblea constituyente forman parte de las ofertas de los 16 presidenciables para reorganizar el Estado en su período. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Roger Vélez. Redactor (O)

Las propuestas de reformas institucionales ocupan un capítulo aparte entre las ofertas de campaña. La consulta popular es una apuesta para ocho de los 16 aspirantes a la Presidencia de la República.

Para los binomios de Pachakutik, Democracia Sí, Sociedad Patriótica, la alianza Honestidad, Suma, Juntos Podemos y Ecuatoriano Unido, esta sería la vía para decidir temas como reducir el número de asambleístas, reorganizar al Parlamento o eliminar al Consejo de Participación (Cpccs).

El de UNES va más allá al plantear una Asamblea Constituyente para “que redacte una hoja de ruta para el cambio y que ratifique aquellos lineamientos ya conquistados en el 2008” en Montecristi.

La expresidenta de la República, Rosalía Arteaga, cree que parte del problema radica en que en el país “las constituciones se hacen a la medida del gobierno de turno”.

De hecho, la actual norma suprema es la número 20 y en 13 años de vigencia ya ha sido reformada en cuatro ocasiones; la última se dio en 2018 para prohibir la reelección indefinida y endurecer las sanciones para la corrupción.
“Las constituciones, en su mayor parte, han sido hechas a medida del gobernante que está en el poder, y entonces esto hace que surjan las oposiciones, se vean las debilidades y la necesidad de reformar o crear una nueva Constitución”, añadió Arteaga.

Igual criterio tiene el historiador y académico Enrique Ayala Mora. A su juicio, “la ciudadanía ha hecho conciencia que en la Constitución vigente, además de que tiene una serie de elementos garantistas, es un instrumento de autoritarismo y corrupción”.

Si bien cree que hay consensos para una consulta popular, sostiene que el tema de fondo es definir cuáles son las reformas que se requieren. Optar por una Asamblea Constituyente no es algo que se pueda hacer a corto plazo, agrega.

En medio de la aguda crisis económica que atraviesa el país debido a la pandemia, el exdiputado Ramiro Rivera señala que uno de los desafíos del nuevo Gobierno será “generar un acuerdo con la Legislatura para dar viabilidad a reformas”, y que si esto no se logra, el recurso de la consulta no puede ser mal gastado.

En cualquiera de los caminos que se tomen, será la Corte Constitucional la llamada a calificar la viabilidad de las propuestas y determinar si procede una enmienda o una reforma, a través de una Constituyente, de acuerdo con la normativa vigente.

‘Hubo una ofertilla en la campaña electoral’

El coordinador de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas, sostiene que en la campaña “todos aquellos que han propuesto modificaciones a la Constitución no han provocado el debate sobre los cambios que se requieren” y muchos “se dedicaron a la ofertilla política”.

‘Hay una trayectoria refundacional’

El coordinador de la Veeduría por la Democracia, César Ulloa, observa que cada año y en tiempos de campaña se anuncian reformas de distinto tipo. Sostiene que hay “una trayectoria refundacional del Estado”, y que así ninguna Constitución ha durado más de 20 años en el Ecuador”.

‘Realidad no cambia con nuevas leyes’

El académico Napoléon Saltos apunta que algunas propuestas recogen una visión de que frente a la crisis que vive el país se requiere reformar algunas de las instituciones como la Asamblea. “El problema en el país es que se piensa que si se cambia la ley cambia la realidad”.

‘Se olvidan del control de la CC’

El constitucionalista Jorge Benavides sostiene que en muchos candidatos “hay una utilización inadecuada de los instrumentos de democracia directa”. Añade que algunos rayan en la inconstitucionalidad, y recuerda que a la Corte Constitucional le corresponde emitir un dictamen.

Las propuestas de los 16 candidatos a la presidencia

Andrés Arauz: En su plan de gobierno consta la posibilidad de convocar a Asamblea Constituyente para cambios constitucionales.

Lucio Gutiérrez: Plantea una megaconsulta popular para reducir a tres los poderes del Estado y endurecer penas por corrupción.

Gerson Almeida: La propuesta de reformas constitucionales que limiten el poder presidencial es parte de su plan de gobierno.

Isidro Romero: Reformas a la Constitución de 2008 para sancionar con pena de muerte los crímenes y actos de corrupción.

Xavier Hervas: Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y consolidar el sistema de organizaciones políticas son sus ejes.

Pedro J. Freile: No alude a cambios a la norma suprema, pero sí de reformas a la seguridad social para ampliar número de afiliados.

Yaku Pérez: Defiende a la consulta popular como una vía para reducir el número de integrantes de la Asamblea y otros temas.

Gustavo Larrea: En su plan de reformas incluye ajustes a la contratación pública y la Contraloría, y no descarta una consulta popular.

Guillermo Lasso: El candidato de Creo-PSC ha dicho que al inicio de su mandato enviará un paquete de reformas a la Asamblea.

Guillermo Celi: Reducir el número de asambleístas y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana son parte de sus propuestas.

Juan F. Velasco: El plan de gobierno tiene tres ejes: económico, social y seguridad. No se centra en consultas ni reformas constitucionales.

Paúl Carrasco: Entre sus ofertas está la implementación de jueces sin rostro para sancionar la corrupción, a través de una consulta.

Ximena Peña: En lugar de reformas institucionales de fondo, habla de aplicar las leyes para enfrentar males como la corrupción.

César Montúfar: Propone una consulta para transformar en bicameral a la Asamblea y reducir el número de legisladores.

Giovany Andrade: Una de sus prioridades es reformar el Código Orgánico Integral Penal y otras leyes, sin pasar por una consulta.

Carlos Sagnay: Cree que, no tendrá mayoría en la Asamblea. Así que convocará a una nueva asamblea constituyente para el país.

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