4 de junio de 2019 00:00

La reforma migratoria se decide en la Corte Constitucional

El canciller José Valencia y otros funcionarios del Gobierno (izq.) defendieron, este lunes 3 de junio del 2019, medidas de control migratorio ante jueces constitucionales (der.). Foto: API

El canciller José Valencia y otros funcionarios del Gobierno (izq.) defendieron, este lunes 3 de junio del 2019, medidas de control migratorio ante jueces constitucionales (der.). Foto: API

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Roger Velez

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La imposición de requisitos para el ingreso de ciudadanos de Venezuela al Ecuador tiene un freno en la Corte Constitucional (CC).

Allí se desarrolló este lunes 3 de junio del 2019 una audiencia como parte de la acción pública de inconstitucionalidad en contra de cuatro acuerdos ministeriales, que se relacionan con la exigencia de antecedentes penales y pasaportes para la llegada de migrantes de ese país.

Detrás del tema están organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Inredh y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, que tachan de discriminatorias a esas disposiciones.

El reclamo es respaldado por el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, en momentos que el Ejecutivo prepara una propuesta de reformas a la Ley de Movilidad Humana.

“Al Gobierno hay que darle insumos para que tome la mejor decisión en el marco del respeto de los derechos humanos”, sostuvo Carrión.

En su Informe a la Nación, el 24 de mayo pasado, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que se iniciarían los trámites para solicitar visa humanitaria a los ciudadanos venezolanos.

Moreno adujo que se busca garantizar una “migración ordenada y segura”. Y ese fue el argumento que repitieron ayer el canciller José Valencia y delegados del Ministerio del Interior y de la Procuraduría, durante la audiencia en la Corte, que tomó dos horas.

La jueza Daniela Salazar concedió un plazo de cinco días a las partes para que presenten por escrito sus argumentos, antes de que el Pleno de este tribunal tome una decisión sobre esta causa.

El dictamen de la Corte podría condicionar los cambios que se plantean desde el Gobierno. Según Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo, las medidas no pueden ir en contra del principio de libre movilidad que defiende Ecuador para la circulación de personas en la región.

Los datos oficiales indican que hasta el 30 de mayo de este año, unos 277 000 ciudadanos venezolanos residían en Ecuador y que de ellos se ha otorgado visas a 113 000, mientras otras 70 000 están en trámite, apuntó el canciller Valencia.

También alertó que según proyecciones de Naciones Unidas, el número podría llegar a 500 000 hasta finales de este año; y que solo el año pasado el Estado destinó unos USD 90 millones para atender el flujo migratorio.

La situación podría complicarse -apuntó- cuando Perú exija visa a los ciudadanos venezolanos, como lo han hecho otros países de la región. El proyecto ya está en marcha en el vecino país.

“Bien sabemos nosotros que las situaciones de excepción permiten la restricción de determinados derechos de personas o de grupos sociales cuando las circunstancias así lo requieren”, acotó Valencia.

Desde que se acentuó la crisis, por el territorio ecuatoriano han circulado 1 300 000 venezolanos, pero la mayoría se ha dirigido al Cono Sur.

Manuel Velepucha, delegado del Ministerio del Interior, solicitó ayer a la Corte que levantara las medidas cautelares que dispuso el 27 de marzo pasado, con las que se suspendió la exigencia de pasaportes y antecedentes penales.

Pero las organizaciones de la sociedad civil llevaron videos testimoniales a la Corte, para evidenciar que estos requisitos en lugar de parar el flujo migratorio han ocasionado que los migrantes ingresen por trochas -caminos alternos al ingreso oficial- que pone en riesgo su seguridad.

Hechos relacionados con el control migratorio a Venezolanos

16 de agosto del 2018
El entonces ministro del Interior, Mauro Toscanini, anunció la exigencia de pasaportes para el ingreso de ciudadanos venezolanos al país como una medida de seguridad.

24 de agosto del 2018
La jueza Judith Naranjo aceptó el pedido de medidas cautelares contra el pasaporte, propuestas por Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y otras organizaciones.

11 de marzo del 2019
La entonces defensora del Pueblo encargada, Gina Benavides, junto con varias organizaciones, presentó una acción pública de inconstitucionalidad contra esa medida.

27 de marzo del 2019
El Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional aceptó el trámite la demanda y dispuso la suspensión provisional de las normas impugnadas.

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