Reforma apunta a incrementar el número de votos para destitución de asambleístas

Dentro del proyecto se fija en dos terceras partes del Pleno (91), el número de votos que se requerirán para destituir a un asambleísta y para autorizar el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal.

Dentro del proyecto se fija en dos terceras partes del Pleno (91), el número de votos que se requerirán para destituir a un asambleísta y para autorizar el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal.

Dentro del proyecto se fija en dos terceras partes del Pleno (91), el número de votos que se requerirán para destituir a un asambleísta y para autorizar el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal. Foto: Flickr / Asamblea Nacional del Ecuador

La conformación de un Comité de Ética y nuevas reglas para sancionar y destituir a los asambleístas son parte de las reformas a la Ley de la Función Legislativa, cuyo segundo debate se retomó en el Pleno este martes, 11 de febrero del 2020.

Dentro del proyecto se fija en dos terceras partes del Pleno (91), el número de votos que se requerirán para destituir a un asambleísta y para autorizar el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal.

Ese requisito significa un incremento si se toma en cuenta que para separar a las asambleístas Norma Vallejo (AP), Sofía Espín (RC) y Ana Galarza (Creo) se requirió de la mayoría absoluta (70 votos) entre 2018 y 2019, aunque entonces se identificó un vacío en la Ley vigente.

El socialcristiano Henry Cucalón y la asambleísta independiente Mae Montaño pusieron reparos. Montaño dijo que se trata de un “blindaje” ya que conseguir 91 votos resultaría inviable en un Parlamento caracterizado con mayorías móviles.

La discusión de esta reforma coincide con el trámite de una denuncia presentada por el asambleísta Fabricio Villamar (exCreo) en contra de Karina Arteaga (AP), a quien acusa de gestionar cargos públicos y de cobros indebidos a sus colaboradores.

Aunque Arteaga calificó de “falacias” a las acusaciones, Villamar pidió que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) apruebe la conformación de una Comisión Multipartidista para que investigue estos actos.

La oficialista Ximena Peña, ponente del proyecto, resaltó que en la reforma se precisa como causal de destitución “la recepción de derechos cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo, es decir, los llamados diezmos”.

A su vez, se establece la posibilidad de que podrán acogerse a una licencia sin sueldo aquellos legisladores que estén cumpliendo prisión preventiva o arresto domiciliario. Esta terminaría en el momento que recupere su libertad o cuando reciba una sentencia condenatoria.

Peña indicó que la propuesta incluye sanciones como la suspensión de 1 a 8 días sin remuneración para aquel legislador que se presenten en estado de embriaguez, o de 8 a 30 días para aquel que agreda físicamente a otro o a un funcionario dentro del recinto.

En total se analizan cambios a 77 de los 167 artículos de la Ley Legislativa vigente desde hace diez años. Entre ellos también se discute regular los pedidos para cambiar el orden del día del Pleno.

Antes de retomar el debate, la mañana de este martes, la Asamblea se tomó más de una hora para discutir un proyecto de resolución del asambleísta independiente Israel Cruz para declarar el 14 de agosto de cada año como el Día Nacional de conservación y reconocimiento del Chimborazo, como el punto más cercano al sol y la montaña.

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