22 de agosto de 2019 00:00

El futuro de la Refinería Esmeraldas divide a los gobiernos locales

Colectivos esmeraldeños, según el Gobierno, han pedido cerrar el complejo industrial por emisiones contaminantes. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Colectivos esmeraldeños, según el Gobierno, han pedido cerrar el complejo industrial por emisiones contaminantes. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Andrea Medina
y Redacción Negocios (I)

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No solo en el Gobierno Central existen visiones distintas sobre el futuro de la Refinería Esmeraldas. Las posiciones de las autoridades locales también se contraponen.

El consejero presidencial Santiago Cuesta asegura que es posible cerrar una parte de la planta, específicamente la de refinación, mientras se concreta la concesión y se construye un nuevo complejo con inversión extranjera. “La Refinería está produciendo veneno y está afectando a los esmeraldeños y los ecuatorianos”.

El cierre costaría USD 1 700 millones al año, pero Cuesta argumenta que la afectación a la salud humana está por encima del tema económico.

La posición del Ministerio de Energía, que es el ente rector de la política, es distinta. Carlos Pérez, titular de la Cartera, impulsa la concesión de la administración de la planta para que un privado invierta y mejore las condiciones técnicas y ambientales del complejo para que pueda generar combustibles bajo norma Euro 5.

Pérez no es partícipe del cierre, aunque admite que lo hará si una autoridad (ministerios de Ambiente o de Trabajo) le obliga. Y el país tendría que importar derivados. Esmeraldas aporta con el 70% de la producción de combustibles del país.

La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, no está de acuerdo con esas opciones. Ella solicitó el martes una audiencia con el presidente Lenín Moreno para exponer un plan para repotenciar la planta.

Miller Quiñónez, trabajador y técnico de la Refinería, explicó que la propuesta incluye levantar una unidad dentro del complejo para tratar el residuo y convertirlo en productos blancos, bajo norma Euro 5.

Según Quiñónez, el Gobierno anterior archivó esta opción y prefirió gastar USD 2 300 millones en una reparación que no mejoró la producción de derivados.

“Hasta el 2012 esa planta requería de USD 712 millones. Ahora estará en 1 800 millones a 2 000 millones porque los costos han subido”, indicó al recalcar que la propuesta fue planteada por los trabajadores.

Dijo que el plan, cuyo valor final debe determinarse con un estudio, podría financiarse a través de figuras como: inversión estatal, alianza público-privada, contrato de prestación de servicios. “Se puede buscar inversión para esta parte nueva. Con eso, no hace falta una nueva refinería”.

Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas, no está de acuerdo. Señaló que su administración promueve la mejora de la planta actual y la construcción de una nueva refinería de alta conversión en la provincia, como un complemento. “Si llega una inversión para levantar un complemento de la planta actual, bienvenida sea”, comentó al recalcar que esta es una opción para frenar las emisiones tóxicas del complejo actual.

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