Redacción Judicial
La Corte Nacional de Justicia resolvió 3 885 causas en el último año. Sin embargo, esa producción judicial dejó vacíos cuantitativos, aún existen 6 322 causas sin resolver, pero también cualitativos…
Un Mensaje web es prueba penal
La Ley de Comercio Electrónico, vigente desde el 17 de abril de 2002, establece que un correo electrónico o un mensaje virtual (por teléfono celular o en Internet) es prueba para condenar penalmente al autor del texto.
La normativa señala en su artículo 2: “Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterán al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento”.
Un mensaje tiene el valor de prueba. La injuria y la amenaza son delitos penales, sancionados con prisión de hasta cinco años.
A través de un medio electrónico, constituyen, además, delitos informáticos.Hubo fallos de la Corte que beneficiaron a personas en casos que causaron conmoción social, como el de Jorge Reyes Torres (liberado tras ser sentenciado por narcotráfico), el de Carolina Cabrera (absuelta tras ser condenada por estafa en el caso del notario de Machala) y especialmente el de los hermanos Roberto y William Isaías (acusados de un delito que ya prescribió, y no por peculado, en el caso Filanbanco).
En la Justicia de primera instancia, que se aplica para el ciudadano común, la escasa efectividad es más acentuada. Por ejemplo, la Fiscalía conoció en los dos últimos años 31 238 denuncias de tránsito en el país. Solo 281 de ellas llegaron a sentencia condenatoria.
Algo similar ocurrió con los delitos penales. El organismo atendió 130 041 casos, pero solo 2 149 llegaron a sentencia condenatoria, según la rendición de cuentas 2007-2009, hecha el 14 de enero por el fiscal general del Estado, Washington Pesántez.
Es decir, solo en el 0,89% de casos de tránsito y en el 1,65% de denuncias penales se llegó a condenar a los responsables. En ese escenario es comprensible que la sensación de impunidad crezca entre la ciudadanía.
Al menos eso es visible en los aportes de los miembros del grupo ‘Ecuador contra la delincuencia’, en Facebook (red social en la Internet). Hasta el jueves, 1 335 personas se habían adherido. Allí, de forma virtual, la comunidad cuenta sus vivencias frente a la inseguridad y se reportan noticias de delitos.
Un éxito inusitado, por la cantidad de miembros, es el grupo de apoyo ‘Justicia para Natalia Emme Bedoya’, también en Facebook, creado el 14 de enero. 1 500 personas se adhieren cada día. Emme, de 26 años y madre de un pequeño de 7, falleció ese día, arrollada por el vehículo en el que se movilizaba Aliz Borja, esposa del fiscal Pesántez, en el carril de la Metrovía, en el norte de Quito.
En su grupo de apoyo en Facebook hay acusaciones, así como mensajes de solidaridad e indignación. ‘Ecuador contra la delincuencia’ busca construir un mapa del delito.
Son dos propuestas de la lucha contra la impunidad en la web, dos casos distintos, a tomar en cuenta para evitar que el saldo rojo de las instituciones de Justicia pase del linchamiento físico al linchamiento virtual.