Todos los recursos que generen las federaciones se auditarían
Redacción Guayaquil
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El artículo 145 del proyecto de Ley del Deporte plantea que “las instalaciones públicas y privadas para la educación física, el deporte y la recreación estarán libres de barreras arquitectónicas, garantizando la accesibilidad a su edificación y a sus espacios internos y externos”.
La disposición 14 del texto propone “de utilidad pública todos los bienes muebles e inmuebles de las federaciones deportivas provinciales a partir de la vigencia de la presente ley”.
La Ley vigente impide a la Contraloría General del Estado auditar los ingresos propios de las federaciones provinciales. El proyecto que se discute en la Asamblea propone que estos organismos deberán rendir cuentas por los recursos que generan los escenarios deportivos por arriendo, publicidad, etc.
El Ministerio del ramo será el encargado de vigilar que esos ingresos sean revertidos en el mantenimiento de las instalaciones.
La propuesta para que federaciones provinciales pasen a ser públicas fue presentada por la Comisión Ocasional de Deportes después de que la Asamblea Nacional analizó el proyecto en un primer debate.
El presidente de la Federación Deportiva del Guayas, José Luis Contreras, dice que “se trata de una confiscación”, mientras que el Ministerio del Deporte argumenta que se trata de “una disposición incluyente que fomentará la actividad física”, según el viceministro Jeff Escalante.
La intención del proyecto es, según el funcionario de Estado, identificar las necesidades y el estado físico de los escenarios deportivos del país.
Para conocer esos detalles se realizará en enero un censo de todas las instalaciones que hay en el país, “lo que servirá para focalizar los recursos de una manera más acertada”, agregó Escalante.
La Concentración Deportiva de Pichincha administra 65 escenarios y la Federación de Guayas 10. En las otras 23 provincias no hay un registro oficial.
Según Escalante, los escenarios no han sido utilizados para lo que fueron concebidos: “La práctica deportiva”. Fedeguayas, por ejemplo, tiene ingresos anuales que llegan a los USD 200 000 por el alquiler del estadio Modelo Alberto Spencer y por el coliseo Voltaire Paladines Polo.
Las federaciones provinciales continuarán administrado esos escenarios, pero se deberán elaborar las normativas necesarias para el uso de esos espacios.
Puntos de vista
Luis Noboa
Asambleísta
Hay que respetar la autonomía deportiva
Como miembro de la Comisión Ocasional de Deportes, respaldo la autonomía que exigen las federaciones deportivas provinciales. También ello incluye a sus escenarios e instalaciones deportivas, así lo estipula el artículo 382 de la Constitución de la República. El Gobierno, y particularmente el Ministerio del Deporte, no pueden involucrarse en la administración deportiva y menos debe intentar controlar los escenarios porque seguramente los utilizarán para realizar sus mítines políticos. La ciudadanía debe tener acceso al deporte, pero a través de las federaciones.
Carlos Góngora
Boxeador
El deportista no tendrá privacidad
Si los escenarios deportivos pasan a ser de utilidad pública se afectará la concentración de los deportistas de élite que nos beneficiamos de esas instalaciones. Además, no podremos disponer libremente de esos espacios porque estarán copados de personas que no forman parte del deporte de alto rendimiento. El Ministerio del Deporte y las federaciones deportivas provinciales deberán elaborar las normativas de uso para estos espacios sin que se afecte la preparación de los deportistas de élite. Somos nosotros quienes necesitamos estos escenarios para prepararnos.