El Edificio de Unasur, ubicado en la parroquia de San Antonio, fue donado por Ecuador. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
En la escritura de donación que Ecuador firmó a favor de la Unasur el 15 de diciembre del 2016 se establece que el precio del inmueble es de USD 39,4 millones y que estará ubicado a un costado de la avenida Manuel Córdova Galarza y calle Consejo Provincial, en la parroquia San Antonio de Pichincha, en el norte de Quito.
En el documento, además, se detallan los tres casos por los que podría revertirse la donación del inmueble. La escritura fue firmada por Guillaume Long, excanciller del Ecuador, y el secretario general de Unasur en ese entonces, Ernesto Samper.
El primer caso para revertir la donación es por la decisión de los países miembros de cambiar la sede a otro Estado participante. Para que esto ocurra, los 12 estados miembros deben ponerse de acuerdo en el traslado.
Un segundo caso puede presentarse si Ecuador denuncia el Tratado Constitutivo de la Unasur. Sin embargo, la Constitución del 2008 señala que las denuncias a tratados internacionales tienen que pasar obligatoriamente por la Asamblea Nacional.
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno anunció el viernes que empezará “el trámite” para que se devuelva el edificio. En compensación, ofreció entregar otra sede al organismo. Sin embargo esa figura no consta en el Tratado firmado por Ecuador o en la escritura de donación.
El Mandatario ofreció la sede para que funcione la primera universidad indígena del Ecuador. Esto tras una petición que realizó la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) el viernes.
Para el legislador del movimiento Creo, Fabricio Villamar, el Presidente puede enviar un texto en el que demande la salida del país de la organización. Este proceso -a su juicio- debería pasar por la Comisión de Asuntos Internacionales para emitir un informe que será votado por el Pleno.
La tercera y última opción para recuperar el edificio es que los países miembros decidan terminar el Tratado por consenso (todos deben estar de acuerdo). Actualmente, seis estados han decido suspender su participación lo que ha generado problemas de financiamiento. Los estados adeudan cerca de USD 23 millones en los últimos cuatro años.
La sede cuenta actualmente cuenta con 36 funcionarios. El ala sur permanece con las luces apagadas debido a que se trasladó al personal al área norte para ahorrar energía.
En un inicio se pagaban cerca de USD 200 000 en gasto corriente mensual; debido a los recortes se redujo este gasto a USD 150 000. En este rubro se incluye el costo de los servicios básicos, mantenimiento y personal administrativo.
La Unasur atraviesa un momento de “empantanamiento”, según palabras que pronunció el canciller ecuatoriano José Valencia en una entrevista concedida a este Diario el pasado 24 de junio.
Una de las alternativas sería elegir a un Secretario General. La única moción formal ha sido la del argentino José Octavio Gordón. El problema radica en que Venezuela se opuso a su candidatura. A esto se suma que no existe una cita de cancilleres o de mandatarios para destrabar la elección.
Un problema adicional será la inminente salida de los cinco directores que se encargan de coordinar las acciones en los diferentes temas de integración en Unasur. Hasta septiembre de este año cumplirán con su periodo.