27 de agosto de 2018 00:00

Estado busca traer la plata de la corrupción mediante incentivos

Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad (saco azul), en su juicio por lavado. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad (saco azul), en su juicio por lavado. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Redacción Seguridad

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Nada de los USD 90,3 millones de los que se despojó al Estado en actos de corrupción en los últimos seis años ha podido ser recuperado.

La Procuraduría estableció esta cifra en su último estudio de noviembre del 2017, sobre los casos Odebrecht, Petroecuador, Cofiec y los relacionados con el Instituto de Seguridad Social (IESS).

Si bien desde hace nueve meses la Procuraduría sabe cuánto es el perjuicio, la ubicación y confiscación de los fondos no se han concretado.

Solo en la trama relacionada con Odebrecht se presume que el dinero estaría repartido en 17 países, la mayoría paraísos fiscales como Islas Caimán, Bahamas, Andorra, Panamá, Suiza, Nueva Zelanda, Dubái, Alemania, Islas Vanuatu, Estados Unidos, China y otros.

Por eso, la nueva estrategia del Gobierno es ofrecer incentivos a quienes denuncien la corrupción. Este anuncio se hizo el pasado martes (21 de agosto del 2018), cuando se informó sobre las medidas económicas que ya se aplican.

El presidente Lenín Moreno prometió el 20% del dinero encontrado a quienes den información veraz sobre la ubicación de esos activos. También se ofreció protección, por una sola vez, a quien haya cometido sobornos y pueda comprobar qué funcionarios lucraron o se enriquecieron con esa ­actividad ilícita.

Estas propuestas, que se concretarán a través de reformas legales, se suman a una serie de iniciativas que ya se encuentran en debate en la Asamblea Nacional.

Por ejemplo, en el Legislativo hay dos propuestas sobre la extinción de dominio. Una fue presentada por el exfiscal Carlos Baca, en diciembre del 2017, y la otra por la Secretaría de la Presidencia, en julio.

En ambos textos se aborda la recuperación de capitales ubicados en el extranjero.

La idea de los dos proyectos legales es que el Estado cuente con una normativa para recuperar los activos vinculados con la corrupción.

En el informe de la Procu­raduría se señala que solo en un juicio por cohecho, dentro del caso Petroecuador, el ­Estado fue perjudicado en USD 25 millones.

Desde diciembre del 2016, la Fiscalía conoce que de ese monto quedan USD 2 millones en una cuenta bancaria en Panamá. Pero hasta la fecha no han podido ser devueltos. Uno de los empresarios acusados de sobornar donó su casa, valorada en USD 900 000, a su hijo menor de edad, y tampoco la justicia pudo recuperar el bien.

En el juicio por asociación ilícita, por el que fue sentenciado el exvicepresidente Jorge Glas, la Procuraduría estableció un perjuicio de USD 40,7 millones. La Fiscalía ha sostenido que Glas y su tío, Ricardo Rivera, recibieron USD 14 millones, pero hasta el momento tampoco se ha encontrado ese monto en ninguna de las cuentas, acciones o bienes indagados a los dos sentenciados.

Por eso, la entidad ha abierto nuevas indagaciones a partir de este proceso. Por ejemplo, la Fiscalía ordenó que mañana (28 de agosto del 2018) se tome la versión de Rivera, recluido en una cárcel de Guayaquil. Esta diligencia se hará dentro de la investigación por un supuesto lavado de dinero relacionado con Odebrecht.

En el juicio por lavado contra el exministro de energía Alecksey Mosquera, la Procuraduría dice que recibió USD 1 millón. Mientras que María Sol Larrea obtuvo USD 5 millones a través de peculado. Tampoco en estos juicios los agentes han recobrado el dinero.

Otra vía por la que el Estado intenta recuperar los activos es mediante alianzas. En marzo, la Fiscalía firmó un acuerdo con el Instituto de Gobernanza de Basilea (Suiza), dedicado a identificar, localizar, comisar y repatriar activos ilícitos vinculados a actos de corrupción o lavado de activos. Los fiscales han recibido capacitación y ya trabajan con la fundación, pero aún no hay resultados.

Una herramienta legal que desde el 2014 ya se aplica es la cooperación eficaz. Este procedimiento está regulado en el Código Penal y consiste en dar beneficios a quienes proporcionen información sobre ilícitos. Estos incentivos son únicamente sobre la rebaja de penas y no de tipo económico.

Los objetivos de esta figura son tres: ayudar al esclarecimiento de los hechos, desarticular estructuras delincuenciales y dar con los verdaderos cabecillas. Todo esto mediante la entrega datos comprobables, bienes y evidencias.

El penalista Rodrigo Albán hace notar que la herramienta es efectiva para desarticular organizaciones ilícitas, pero no para recuperar el dinero.

En Brasil, la cooperación eficaz o delación premiada sirvió para rastrear el caso de corrupción Lava Jato, el proceso que dio lugar al caso Odebrecht. En Ecuador se usó la ­cooperación eficaz en los casos Odebrecht y Petroecuador, pero solamente para identificar a los responsables.

Otro juicio en el que el Estado no ha logrado recuperar USD 600 00 es en el caso del empresario Gastón Duzac. El dinero fue llevado al extranjero y desde el 2012 solamente se han devuelto USD 90 000.

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