La reconstrucción en Manabí y Esmeraldas tardará tres años más

En la zona ‘cero’ de Tarqui, en Manta, aún sigue el retiro de los escombros de los edificios afectados por el sismo. Foto: Paúl Rivas/EL COMERCIO

En la zona ‘cero’ de Tarqui, en Manta, aún sigue el retiro de los escombros de los edificios afectados por el sismo. Foto: Paúl Rivas/EL COMERCIO

En la zona ‘cero’ de Tarqui, en Manta, aún sigue el retiro de los escombros de los edificios afectados por el sismo. Foto: Paúl Rivas/EL COMERCIO

Gustavo Mera reconstruye su casa en el centro de Manta, en la parroquia de Tarqui. Hizo un préstamo de USD 400 para rellenar el terreno en donde hubo una edificación de dos pisos que se destruyó con el terremoto del 16 de abril de 2016.

Espera acceder al incentivo de USD 10 000. Pero por ahora -dice- en la ‘zona cero’ el tema está parado, porque están pendientes varias demoliciones y no hay autorizaciones para empezar a construir.

Según el vicepresidente Jorge Glas, la reconstrucción de los territorios afectados en Manabí y Esmeraldas demorará tres años más, es decir, al menos hasta abril del 2020. Lo anunció en la rendición de cuentas del primer año del proceso, realizada la noche del martes 2 de mayo de 2017 en Portoviejo.

En ese informe se anunció que hasta el momento se han asignado USD 2 487,4 millones y que la reconstrucción costará USD 3 636 millones.

A un año de la tragedia, hay más obras en ejecución que finalizadas; también falta un porcentaje por contratar, según un informe publicado el 26 de abril por el Comité de Reconstrucción (ver gráfico).

La mayor inversión ha sido en vivienda y en la atención de la emergencia. Carlos Bernal, titular de la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, explicó que de los USD 2 410 millones asignados hay una ejecución presupuestaria de casi USD 1 200 millones, lo que califica como “normal”, ya que las obras se realizan bajo la modalidad de anticipos; es decir, se pagan adelantos y conforme a los avances se paga el resto, luego de la fiscalización.

Sin embargo, hay retrasos en los anticipos. Cristian Vargas, arquitecto que representa a la empresa constructora a cargo del reasentamiento de El Guabito, en Portoviejo, dice que le adeudan USD 1,2 millones por el anticipo de la segunda etapa.

Se han entregado 212 casas de 40 metros cada una con dos dormitorios. Hay casas en las que viven hasta ocho personas. En la segunda etapa planea entregar 108 viviendas, pero mientras los pagos estén retrasados -explica Vargas- no se podrá concluir el proyecto.

Bernal replica que esto responde a trámites administrativos. “En todo proyecto hay una ejecución presupuestaria que se justifica con el pago de planillas previo a la autorización de la fiscalización. Los pagos están 100% asegurados”.

Se han asignado USD 508 millones para vivienda. Glas acepta que las entregadas no son suficientes para los damnificados, pero garantiza que al final del proceso todos tendrán vivienda. En Portoviejo y Manta ya no hay albergues.

En Bahía de Caráquez, en el sector Pedro Fermín Fernández, todavía se ven carpas y estructuras armadas rudimentariamente con plásticos y palos. Ahí vive Betty Albán y sus seis familiares. Lleva un año viviendo junto a una zanja, en la calle. La Fundación Hogar de Cristo la ayuda para reparar su vivienda, pero aún no tiene para el piso, techo, puertas y cerramiento.

Manuel Gilches, alcalde de la ciudad, comenta que eso no solo pasa en Bahía sino en Pedernales y Muisne. Añade que la reubicación es progresiva y se ha dado vivienda a 254 personas. Se construyen 124 casas y habrá una segunda etapa.

Agustín Casanova, alcalde de Portoviejo, indica que en esta ciudad se llegó a un acuerdo con el Gobierno, según prioridades. Primero, restaurar los servicios básicos, luego educación y salud, las dependencias como mercados e infraestructura municipal. El martes se puso la primera piedra de la remodelación integral de 11 manzanas de la ciudad, de un total de 55 que tiene el proyecto.

En un inicio, la reconstrucción fue cuantificada en USD 3 344 millones, pero aumentó en 292 millones. Glas explicó que fue porque se busca dejar “una mejor Manabí de la que se encontró. Si había hospitales y escuelas deficientes no vamos a hacer las nuevas de la misma calidad, hay que mejorar todo”.

Otro de los ejes de la reconstrucción es la reactivación económica. Esteban Fiallos, presidente de la Cámara de Turismo de Manta, dice que el sector ha mejorado en un año.

Con la exoneración en el pago de impuestos, los negocios han podido restablecerse y la capacidad hotelera ha estado a tope desde noviembre pasado por la presencia de contratistas y trabajadores de la reconstrucción, comentó.

Califica como un acierto para el sector comercial la apertura de mercados fuera de las zonas afectadas como el Nuevo Tarqui. Pero Jesenia Laz, encargada de un negocio de plásticos, dice que en Nuevo Tarqui las ventas “nunca despegaron”. Por eso, apenas habilitaron la ‘zona cero’ volvieron a su local frente al desaparecido centro comercial Navarrete.

Lucía Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Manta, explica que ese proyecto se divide en dos partes: vendedores formales y minoristas. Los primeros -dice- se han recuperado gracias a su propia iniciativa mientras que los minoristas fueron dotados de cubículos que son “anticompetitivos y no operativos”, por lo que su intención es volver al Tarqui tradicional.

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