23 de diciembre de 2019 00:00

Alza paulatina del aporte al IESS y el retiro voluntario son las dos vías para asegurar el pago de pensiones

El nuevo estudio actuarial del IESS señala que, actualmente, hay ocho aportantes por cada pensionista en el país. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

El nuevo estudio actuarial del IESS señala que, actualmente, hay ocho aportantes por cada pensionista en el país. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

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Mónica Orozco
y Carolina Enríquez (I)

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El estudio actuarial, que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hizo público el viernes 20 de diciembre del 2019, hace dos recomendaciones principales para atender el déficit que registrará la entidad para cancelar las pensiones de los futuros jubilados.

De acuerdo con ese informe, el Seguro no es sostenible a 40 años, es decir, no será capaz de responder a los trabajadores que hoy ingresen al sistema y que se jubilen en el 2058. El Seguro contará con recursos para pagar las pensiones hasta el 2053, siempre que el Estado pague en su totalidad el aporte del 40%. Sin esa contribución, el fondo se quedaría sin reservas en el 2023.

Considerando la contribución del Estado, el déficit sería de USD 4 500 millones. Sin embargo, de no contar con ese aporte, al IESS le faltarían USD 70 000 millones para cubrir las pensiones hasta el 2058.

Frente a ese escenario, el estudio, que fue aprobado por el IESS y auditado por una empresa externa, sugiere un incremento paulatino del aporte de los afiliados del 0,5% cada 10 años, hasta completar un alza del 2%. La propuesta es que el ajuste se inicie desde el 2025.

La segunda sugerencia del estudio actuarial es generar incentivos para que los afiliados retrasen voluntariamente su jubilación, con el beneficio de tener una pensión más alta.

La Ley de Seguridad Social determina que una persona se puede jubilar una vez que cumpla 60 años de edad y tenga 30 años de aportes al IESS.
De acuerdo con las autoridades, actualmente los afiliados se jubilan a una edad promedio de 62 años. Si un contribuyente decide aplazar su jubilación hasta los 65 podría tener una mejora de un 5% en su pensión, dijeron las autoridades.

Pese a esas medidas, el aporte del 40% del Estado para el pago de jubilaciones seguirá siendo fundamental.

Sin embargo, el Fisco actualmente sólo cumple de forma parcial con esa contribución.

El Seguro Social solicitó a Finanzas USD 1 700 millones para cubrir las obligaciones con los pensionistas en el 2020, pero el Gobierno solo presupuestó USD 1 400 millones.

Por ahora ese nivel de contribución alcanza para cubrir los gastos de los jubilados.

Pero en los próximos años habrá más presión financiera debido al mayor número de pensionistas en el país.

Si ese ritmo continúa, el IESS tendrá que volver a desinvertir sus ahorros para cubrir el gasto de pensiones en el 2024.

Las autoridades del Seguro intentan llegar a un acuerdo con Finanzas para que se cumpla el pago de toda la contribución estatal, aunque hay conciencia de que se trata de una pesada carga para el Fisco y que irá creciendo con los años.

El tema será también parte del acuerdo por la seguridad social que arrancará en enero próximo. La primera semana de ese mes, además, los jubilados mantendrán una reunión del Consejo directivo ampliado de pensionistas del país para analizar las soluciones técnicas a la situación actual.

Manuel Muñoz, presidente de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador, explicó que cualquier medida para otorgar sostenibilidad al fondo de pensiones debe ser revisada de manera técnica y definida a través de consensos. El directivo indicó, de manera personal, que la sugerencia de dar incentivos para que los afiliados retrasen su jubilación a cambio de una pensión más alta es una opción válida.

“Se ayuda al que desea trabajar más allá de los 60 años. Si es voluntad del jubilado no sería una mala idea”, manifestó.

Para Marco Proaño Maya, exdirector del IESS y experto en seguridad social, en cualquier análisis se debe tomar en cuenta el acelerado envejecimiento de la población. Cada vez hay más adultos mayores y, en un momento, no habrá la suficiente cantidad de afiliados que puedan aportar y sostener el fondo de pensiones.

El estudio actuarial toma en cuenta el envejecimiento de la población en Ecuador. Hoy existen ocho aportantes por cada pensionista del IESS. Para 2058, solo dos asegurados sostendrán la pensión de un adulto mayor, lo que incrementará las necesidades financieras.

Para Proaño Maya es complicado que las personas que hoy sobrepasan los 40 años quieran acogerse a un cambio en las reglas para la jubilación. Sin embargo, debe establecerse un régimen de transición hacia un nuevo esquema.

Esto debido a que las personas que apenas se incorporan a la seguridad social tendrán mayores expectativas de vida y es imposible que un fondo afronte esos desafíos.

Por ello, dice, es clave que los trabajadores activos, que serán los pensionistas del futuro, entren al debate.

Desde el lado de los empresarios, más allá de las recomendaciones del estudio son necesarios ajustes urgentes y un cambio del modelo actual. “Deberíamos llegar a acuerdos mínimos. Revisar el costo y los pagos del seguro campesino, ver si el IESS necesita más de 30 000 empleados, analizar cuántas clínicas preventivas se requieren, determinar técnicamente la edad real para jubilarse, etc.”, dijo Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.

Mientras tanto, Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), indicó que el pasado jueves 19 de diciembre escucharon las recomendaciones en una reunión.

Con relación al planteamiento de un alza paulatina aseguró que la organización no acepta ninguna alza de los aportes y propuso, más bien, que el Estado defina un plan de pagos sobre lo que aún adeuda. Asimismo, pide que se cobre la mora a empresas deudoras y conocer el informe completo.

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