Militares jubilados pidieron ayer el pago del aporte estatal para cubrir las pensiones. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO
Los reclamos de los proveedores, funcionarios, gobiernos locales y jubilados a los que el Gobierno adeuda facturas están intensificándose.
Ayer, miércoles 2 de septiembre, proveedores que pertenecen a negocios del segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) realizaron protestas en la Plataforma Financiera, en Quito; en la Gobernación del Guayas y en la Gobernación del Azuay. Según los organizadores, participaron unas 600 personas.
En Quito, en donde se concentró la mayoría de manifestantes, se registró un altercado con la Policía. “Nos acorralaron y lanzaron gas”, contó Fernanda Romano, propietaria de una firma de insumos médicos que estuvo en el sitio. En Guayaquil también hubo confrontaciones.
Hasta julio, la deuda con los proveedores suma alrededor de USD 491 millones.
A medida que los meses pasan resulta más difícil mantener en pie el negocio, cuenta Blanca Guerrero, representante de una empresa de seguridad guayaquileña a la que el Estado le adeuda más de USD 2 millones. Ella lamenta que los contratistas hayan tenido que reducir personal, atrasarse en el pago de sueldos y acumular deudas con el SRI y la seguridad social. “Así no podemos seguir, yo tengo 500 guardias desesperados y no puedo pagar sueldos, algunos están enfermos y no los puedo ayudar”.
En Quito, los proveedores efectuaron un plantón que terminó en una gresca con la Policía. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO
Por la falta de liquidez de la caja fiscal, agravada por la emergencia sanitaria por el covid, el Ejecutivo ha incurrido también en atrasos con la seguridad social, gobiernos locales, burocracia y otros, por USD
3 569 millones (ver gráfico).
Ayer, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguró que empezará “a pagar con mayor regularidad la deuda de meses anteriores a un sector clave, como es la educación, particularmente en la Sierra, que ya tiene inicio de clases”.
Y señaló que en el sector de proveedores está “haciendo un análisis de priorización para garantizar que las personas que más necesitan sean las más beneficiadas”. Las declaraciones se dieron en una reunión con el presidente Lenín Moreno, en Guayaquil.
El anuncio llegó luego de que el plan de pago con papeles del Estado no ha tenido acogida.
De los USD 500 millones que Finanzas preveía emitir en papeles para pagar sus deudas solo USD 47,3 millones fueron aceptados por proveedores, hasta el pasado 21 de agosto.
Los contratistas dicen que los papeles se negocian con descuento en la bolsa y eso perjudica a su liquidez,señaló Marco Leguísamo, vocero del grupo.
Las protestas se iniciaron en la capital el pasado 1 de julio, y seguirán en otras ciudades hasta que el Fisco salde su deuda, dijo Héctor Dávila, parte del colectivo de proveedores.
“En el plantón nos atendió un funcionario del Ministerio, pero lo único que dijo fue que debemos dejar este tipo de presión, porque así no van a solucionar el problema. Luego dijeron que nos convocarían a una reunión por Zoom”, contó.
Ayer también protestaron los jubilados del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). Ellos se instalaron frente a los exteriores de la entidad ubicada en el centro de Guayaquil, para reclamar puntualidad en los pagos de las pensiones.
Según el Issfa, la deuda de Finanzas con la entidad suma USD 460 millones y se arrastra desde el 2014. De esos, 180 millones corresponden a los primeros ocho meses del 2020.
Aland Molestina, uno de los pensionistas del Issfa, explicó que la pensión de los últimos meses ha registrado retrasos de entre cinco y diez días. Él aseguró que estas irregularidades afectan a las finanzas de cientos de familias que dependen de las pensiones.
Finanzas se reunió ayer con representantes de 53 municipios amazónicos y acordó un plan de pagos de haberes pendientes. La Cartera transferirá este mes USD 8 millones a las alcaldías con más urgencia de liquidez. Un monto igual se transferirá de forma continua hasta diciembre de este año.
El Fisco espera recibir USD 4 000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre septiembre y diciembre.