Según OCP, se han contratado a más de 1 500 personas de las zonas afectadas para las labores de remediación. Foto: Cortesía OCP Ecuador.
El juez Jaime Oña de la Unidad Judicial Multicompetente de Francisco de Orellana negó la demanda constitucional que fue presentada por organizaciones sociales y comunidades indígenas contra el Estado ecuatoriano. El pedido fue por afectaciones causadas por el derrame de petróleo que hubo hace cinco meses en Orellana y Sucumbíos, en la Amazonía del Ecuador.
Así lo dieron a conocer este martes 1 de septiembre del 2020 los voceros de los organismos sociales que respaldaron la denuncia presentada el 29 de abril del 2020.
Según los organismos sociales que apoyaron esta demanda, el juez Oña indicó que “la sola afirmación de que se está produciendo una violación a sus derechos (de las comunidades afectadas) no es suficiente elemento para el acceso a la vía constitucional”. La audiencia de este caso se reinstaló este 1 de septiembre de forma virtual.
Para sustentar la demanda, los representantes de las 105 comunidades involucradas conformaron un Tribunal Ético Popular que participó en esta audiencia con sus testimonios.
Por su parte, la empresa OCP Ecuador anunció que seguirá ejecutando los trabajos de reparación integral en las comunidades afectadas por el derrame de crudo en Orellana y Sucumbíos, ante la decisión del Juez.
Según esta entidad, desde que ocurrió el derrame han trabajado en la limpieza, remediación y atención a los poblados afectados por el derrame de crudo.
“Actualmente nos encontramos ejecutando labores de verificación de remediación y continuaremos hasta terminarla como ha sido nuestro compromiso desde el inicio”, indicó Andrés Mendizábal, presidente ejecutivo de OCP Ecuador, en un comunicado.
OCP Ecuador y Petroecuador afirmaron que entre las acciones ejecutadas tras el derrame consta la entrega de 1 719 696 litros de agua y 25 888 kits de alimentos. También indicaron que se han valorado a 5 211 personas con brigadas médicas.
El 7 de abril pasado, las intensas lluvias causaron un socavón en la zona de la cascada de San Rafael, por la erosión del cauce del río Coca. Eso ocasionó la rotura de tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del poliducto Shushufindi-Quito. El crudo que se derramó llegó hasta los ríos Coca y Napo.
En ese mismo mes, organismos de defensa de los derechos humanos, organizaciones indígenas y religiosas de la Amazonía presentaron una acción de protección contra el Estado por la afectación a cerca de 120 000 habitantes de ambas provincias, debido al derrame de petróleo.
El pedido contó con el respaldo de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y los Vicariatos de Orellana. También se sumaron habitantes y dirigentes de 105 comunidades.
