Receta autoritaria

Once periodistas de medios venezolanos debieron salir precipitadamente de Tegucigalpa cuando la dictadura civil-militar hondureña que derrocó al presidente José Manuel Zelaya los colocó en una lista de enemigos peligrosos y los estigmatizó como “chavecistas”.

Con ese calificativo recorriendo de boca en boca las calles de la tensa capital, los venezolanos se convirtieron en objetivo militar de los adversarios de Zelaya.
Cuando regresaban a su hotel, agentes policiales los detuvieron, insultaron y amenazaron. Esa noche tomaron la decisión de esperar a que amaneciera para salir del convulsionado país.

Los 11 reporteros y camarógrafos trabajan para los canales gobiernistas Venezolana de Televisión y Telesur, cuyas coberturas de los acontecimientos posteriores al golpe las recogió y reprodujo la cadena norteamericana CNN.

Telesur fue el primero en informar que hubo dos muertos en la represión militar contra los ciudadanos antigolpistas que querían tomar el aeropuerto.
El régimen de facto, presidido por Roberto Micheletti, no dio explicaciones sobre la persecución y el acoso a los periodistas.

Simplemente advirtió que ellos “pertenecen a dos cadenas totalmente consagradas a la causa y persona del presidente Hugo Chávez” y que, por tanto, son “hostiles al nuevo régimen”. 

La dictadura hondureña repite la receta autoritaria de siempre y actúa como muchísimos gobiernos, incluso algunos que llegaron al poder por la vía democrática: tolerancia cero a las noticias “no oficiales” en medio de un radical proceso de censura, desprestigio, descalificación y silenciamiento contra  quienes critican al poder vigente.

Es obvio que el objetivo de todo régimen totalitario es mantener el control absoluto de la información, para lo cual se usa toda clase de artimañas que deslegitiman el debate y subestiman el derecho al disenso.

Impedir el ejercicio periodístico es inaceptable en cualquier país del mundo, independientemente de la filiación de los comunicadores o del producto de su trabajo, cuya calidad solo puede calificar la ciudadanía plural.

Citando a Stendhal, el escritor español Fernando Savater advierte que “un gobierno libre es el que no hace daño a los ciudadanos sino que, por el contrario, les da seguridad y confianza”.

En el caso de Honduras, como en otras complejas situaciones que hoy vivimos en América Latina, queda clara la paradoja: para actuar libremente, sin escrutinio ciudadano ni rendición de cuentas, el poder político necesita restringir las libertades.

Este acto represivo es su gran ventaja sobre los ciudadanos críticos y es su herramienta para gobernar con impunidad. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cuál será el límite? Nadie lo sabe, pero, como dice Savater, “finalmente, en política ninguna ventaja es ventajosa”. 

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