13 de agosto del 2018 00:02

Recepción provisional para 529 viviendas; hay líos sin resolver

Una panorámica de la inauguración de las 320 viviendas de la Policía Judicial de Guayaquil, en abril del 2012. Foto: archivo / Secob

Una panorámica de la inauguración de las 320 viviendas de la Policía Judicial de Guayaquil, en abril del 2012. Foto: archivo / Secob

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Redacción El Comercio
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La construcción de 16 viviendas fiscales para las Fuerzas Armadas fueron contratadas a fines del 2012, en Esmeraldas, y aún presentan problemas.

En el plan anual del 2017 del Servicio de Contratación de Obras (Secob), se registra al proyecto como cerrado, al 30 de noviembre pasado.

En el contrato se establece que esta obra se ejecutaría en la parroquia Montalvo, del cantón Rioverde, sin embargo se levantó en el interior del Batallón de Infantería Motorizado (Bimot-13), en el cantón Esmeraldas.

A Jorge Wated, director del Secob, no le sorprende el cambio de ubicación. La Coordinación Zonal 1 de esta entidad informó que se “presume que se trató de una falla de digitación en el contrato del sitio de implantación de las unidades de vivienda”. Este Diario solicitó al Ministerio del Interior, desde el 26 de julio pasado, el ingreso a estas viviendas, pero hasta el cierre de esta edición no tuvo ninguna respuesta.

El presupuesto contratado para estos inmuebles fue de USD 501 630,42 y terminó en USD 636 129,81, es decir, cada unidad tuvo un costo para el Estado de USD 39 758.

Este incremento de precio, según la Subdirección Técnica de Producción y Control de Obras, del Secob, se debe a varios factores: se incluyó mobiliario; el Ministerio del Interior solicitó una planta de tratamiento y otros rubros como el enlucido y la pintura.

Pese a que la obra -conformada por dos edificios de cuatro pisos cada uno- está 100% terminada, aún cuenta con un acta de recepción provisional.
En Esmeraldas, Guayas, Manabí, Sucumbíos y Orellana hay 529 viviendas fiscales con problemas por resolver de tipo legal, económico y técnico.

Estos proyectos fueron contratados entre el 2011 y 2014, por el extinto Instituto de Contratación de Obras (ICO) y los asumió el actual Secob.

Entre sus problemas legales están: la legalización de tierras, la falta de permisos, los inconvenientes contractuales y un convenio de pago.

Los temas técnicos, en cambio, están ligados a temas estructurales, de mala construcción o el incumplimiento de materiales requeridos en el momento de la suscripción de los contratos.

Estas obras registraron un valor inicial de USD 12,5 millones y al final terminaron costando 14,5 millones. El 53,3% de este incremento de costos se observa en las 320 viviendas para la Policía Judicial, que están distribuidas en cinco bloques, y a las cuales este Diario tampoco pudo acceder al no tener autorización del Ministerio del Interior.

Por ello, no se pudo constatar si están debidamente acabadas y si cuentan con todos los servicios y el equipamiento. El monto inicial de estos inmuebles fue de USD 7,9 millones y al final subió a USD 9 millones. Este aumento se debió, según el Secob, a que en el momento de iniciar la construcción se estaba trabajando en un manglar, por lo que se contrató un rediseño estructural y arquitectónico. “...Inicialmente, el diseño era una hilera de 10 bloques y se tuvo que modificar a dos hileras de cinco bloques cada una. Con este antecedente fue necesario hacer un pilotaje y eso generó el incremento”, explicó la Subdirección Técnica de Producción y Control de Obras.

Las viviendas fueron entregadas en julio del 2012, pero actualmente solo cuentan con un acta de recepción provisional.

Mientras, en Jaramijó (Manabí), la construcción de 32 viviendas fiscales registró un aumento de USD 250 284,66.

En este sector se evidenciaron incrementos de costos por adaptabilidad y movimiento de tierras. A diferencia de las viviendas de Esmeraldas, cada unidad costó USD 46 591,6 (ver cuadro). Para Wated, varias de las obras que han registrado incrementos en sus precios también responden “a la realidad nacional”. Por ejemplo, en el tiempo de las salvaguardias, entre 2015 y 2016, se afectaron ejecuciones que demandaban equipos importados.

También reconoce que hubo un abuso en los contratos complementarios, los cuales se realizaron con el mismo contratista y sin licitación, por aumentos o decrementos. Todo esto cobijado por la Ley de Contratación Pública.

“Se convirtieron en una mala costumbre, aprovechando que en esa época se podía hacer por hasta 70% de incremento, en relación con el monto inicial. No son malos, siempre que sean excepcionales”.

En el 2017 se hizo una modificación a la ley y ese porcentaje bajó al 15%. Entre las viviendas fiscales cuyos problemas ya se resolvieron constan 64 inmuebles en Guayaquil: 32 en el Ala de Combate 22 y otras 32 en la Base San Eduardo. En el primer caso hubo dos contratos, tres ampliaciones y dos suspensiones. El total de ejecución fue de 506 días.

En el segundo hubo dos contratos, dos ampliaciones y dos suspensiones. El total de eje­cución fue 429 días. El valor unitario fue de USD 18 026, muy por debajo de las que aún tienen líos pendientes.

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