Manifestantes participan en una marcha llamada “La Marcha de las Banderas” contra el gobierno del presidente Daniel Ortega el pasado domingo 2 de septiembre de 2018, en Managua (Nicaragua). Foto: EFE
Nicaragua amaneció hoy, viernes 7 de septiembre del 2018, virtualmente paralizada debido a una huelga nacional de 24 horas convocado por la opositora Alianza Cívica para exigir la puesta en libertad de unas 400 detenidas por protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega, según constataron medios de prensa locales.
Supermercados, cines, restaurantes y sucursales bancarias cerraron sus puertas desde tempranas horas en Managua, la capital, donde las calles,avenidas y terminales de autobuses se observaban vacías a raíz del paro, que comenzó a las 00:00 locales de este viernes (06:00 GMT).
Varias escuelas y colegios privados también suspendieron las clases,pese a que el Ministerio de Educación ordenó a los centros educativos públicos y privados trabajar normalmente, igual que el resto de entidades del Estado.
La Alianza Cívica, formada por estudiantes, empresarios y sociedad civil,convocó el jueves el paro”por la liberación de los presos políticos”. Según datos de la coalición, de casi 400 detenidos, más de 130 ya han sido procesados por graves delitos, incluyendo terrorismo y crimen organizado.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), integrado a la Alianza, emitió un comunicado de apoyo a la protesta y exhortó a sus afiliados a respaldarla, saliendo al paso a críticas de sectores sociales que le exigen “más beligerencia” contra el Gobierno. Si bien el paro durará 24 horas, grupos de “autoconvocados” publicaron anuncios en redes sociales invitando a la población a extenderlo durante el fin de semana, en señal de “desobediencia civil”.
Este es el tercer paro nacional desde que comenzó el conflicto. Los otros se realizaron en junio y julio y fueron convocados con varios días de anticipación.
La Alianza Cívica también exige al Gobierno la reanudación del diálogo nacional, suspendido desde el 9 de julio. De acuerdo con ONG de derechos humanos, la acción policial y de paramilitares durante la crisis dejó hasta 481 muertos y más de 3 000 heridos, pero el Gobierno solo registra 198 muertes.