21 de September de 2009 00:00

Realidad judicial

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Enrique Echeverría G.

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La actual estructura de la Función Judicial  no es suficiente para atender, con prontitud, la increíble cantidad de pleitos que proponen los ciudadanos. Cortes, juzgados, fiscalías y dependencias de trámite están saturados y lo desatendido se acumula.  La abundancia en los juzgados de la Niñez y Adolescencia es tal, que los jueces deben señalar audiencias, por el turno que les corresponde, para muchos meses más tarde.

La audiencia oral se incorporó para las contravenciones de tránsito. El legislador, muy valioso pero también inexperto, dispuso que estos sucesos menores podrán ser juzgados por el juez de tránsito “en una sola audiencia oral,”  si el infractor no está conforme con lo que el policía escribió en la boleta.

El juez de tránsito debe conceder plazo de tres días para la presentación de pruebas; y, luego, dictar sentencia. Esto que parece sencillo está convertido en una verdadera bola de nieve, porque el caso a ser atendido debe ser previamente sorteado, para atribuir la competencia.

Lo que no han tenido en cuenta los legisladores es que para radicar la competencia debe haber un sorteo; y que la oficina de sorteos –por lo menos en Quito- recibe miles de casos, que bien podrían superar los 30 000, en las diversas materias; pues, además ingresan para sorteo, juicios civiles, penales, de trabajo, de inquilinato y otros, cuya citación está acumulada en cifras cercanas a los 4 000. La oficina de citaciones cuenta únicamente con seis o siete funcionarios y con cuatro o cinco vehículos para cubrir toda la ciudad de Quito. No aceptan dinero para el transporte en taxis, por el temor de que estén grabando la entrega del dinero y, luego, se produzca el consiguiente escándalo por “corrupción”.

Cuando se reclama más personal, el  Fisco no tiene dinero. Si los judiciales  aspiran a un aumento de sueldo, el Fisco tampoco tiene dinero. Así, los judiciales deben seguir atendiendo más y más casos cada vez, con el riesgo de que algunos inconformes presenten queja por falta de despacho oportuno; y esta desemboque en sanción desde multa  hasta destitución, sobre todo en el tiempo actual en que todo se quiere solucionar con castigo.

Si el obrero de construcción se opone a que le descuenten para el aporte al seguro, y llega al extremo de rechazar el trabajo, viene la sanción, pues el seguro necesita cada vez más dinero para lo poco que hace; y, lo más fuerte, para entregar al Gobierno de turno. Si no los afilian, hoy se amenaza con cárcel para el empleador.

La cantidad de audiencias debe ser reducida, so pena de agravar la situación actual.

Quienes legislan deben escuchar a los funcionarios de la justicia, considerar la realidad y atender requerimientos.  Porque la política del látigo, consecuencia de las quejas, solo estuvo bien para esclavos remeros de la remota antigüedad.

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