17 de abril de 2019 00:00

El rastreo de ‘hackers’ en el Ecuador es limitado

Este martes 16 de abril del 2019, los padres de Ola Bini, detenido el jueves, dieron una rueda de prensa para defender la inocencia de su hijo y pedir su liberación. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Este martes 16 de abril del 2019, los padres de Ola Bini, detenido el jueves, dieron una rueda de prensa para defender la inocencia de su hijo y pedir su liberación. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

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A través de cuentas falsas en Twitter, decenas de ‘hackers’ continuaron este martes 16 de abril del 2019 su ofensiva digital en contra de los sitios web del Estado. Bajo el anonimato que permite las redes sociales, impartieron directrices para que más gente en el mundo se una a la llamada ‘OpEcuador’ (Operación Ecuador).

Los piratas difundieron listados con las direcciones de páginas de ministerios, de embajadas, alcaldías, secretarías, universidades, agencias, etc. Su objetivo fue inutilizarlas.

Se identificaron con seudónimos como ‘ArtrOn’, ‘$am’ ‘Kris’ o ‘Zkrus’. Todos exigieron la liberación de Julián Assange, fundador de Wikileaks.

El Ministerio de Telecomunicaciones anunció que entregará a la Fiscalía información sobre los ataques. La idea es que agentes investiguen y rastreen a quienes están detrás.

Hasta el momento, la ofensiva se ha perpetrado desde nueve países, incluido el Ecuador.

Pese a contar con los primeros datos, los fiscales asignados a estos casos tienen limitaciones. No solo investigan estos, sino también otros ilícitos que van desde robo de bicicletas hasta narcotráfico.

En la Fiscalía no hay una unidad especializada en ciberdelitos. Además, en la Unidad de Soluciones Rápidas solo se indagan ‘hackeos’ simples, como robos de información de perfiles creados en redes sociales.

Si se trata del robo de dinero a través de Internet, estos casos van a la Fiscalía de Patrimonio. En cambio, a las cibermafias y organizaciones criminales que operan en la red se las investiga desde la Fiscalía de Delincuencia Organizada.

La Oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito (Onudd) dice que otro problema para enfrentar los ciberdelitos es la falta de cooperación internacional y la “poca armonización de las leyes” para procesar delitos informáticos.

Para agilizar ese intercambio de información y luchar contras las cibermafias, 43 países han suscrito desde el 2001 el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia.

Pero Ecuador no lo ha firmado y actualmente los ciberdelitos transnacionales se investigan a través de asistencias penales, que son herramientas para obtener información judicial de otras naciones.

“El problema es que esas asistencias tardan entre dos meses, como mínimo, hasta ocho meses ; a veces los países no contestan”, indica un agente que trata estos casos.

El Convenio de Budapest promueve que las naciones firmantes tengan leyes específicas para atacar a los delincuentes informáticos.

Ecuador no cuenta con este tipo de norma, pero desde el 10 de agosto del 2014 está vigente el Código Integral Penal, que sanciona los delitos informáticos con penas de uno a siete años de cárcel.

Ayer, la empresa Digital Security, especializada en seguridad informática, presentó un estudio sobre los ataques al Ecuador entre el 8 y el 14 de abril. Uno de los gráficos muestra que estos se perpetraron incluso desde China.

El lunes, el Ministerio de Telecomunicaciones señaló que los ataques a los portales de Ecuador también se ejecutaron por ‘hackers’ internos. Los reportes de Digital Security dicen que eso ocurrió en el 17% de las amenazas.

Padres de Bini dicen que él no cometió delitos

Dag Gustanfsson y Görel Bini Gustanfsson, padres de Ola Bini, dijeron ayer que permanecerán en el país hasta lograr la liberación de su hijo, de 36 años. “Hemos venido para llevarlo a casa”, aseguraron. Bini, de nacionalidad sueca, es acusado por la Fiscalía de atacar la integridad de sistemas informáticos.

Fue detenido el jueves pasado, 11 de abril del 2019, luego de que agentes de la Policía recibieran una denuncia anónima al número 1800 DELITO, en la que un informante advertía sobre un “hacker ruso”.

Los padres del extranjero negaron que su hijo esté relacionado con WikiLeaks y que haya trabajado para el gobierno o para algún funcionario del expresidente Rafael Correa. “Es amigo de Julian Assange, no más”, dijeron.

Los padres defienden la inocencia de Bini. Aseguraron que es activista de software libre y que desarrolla programas para proteger datos y evitar que los ‘hackers’ los roben. “Es exactamente lo contrario de lo que se lo acusa”.

La defensa del extranjero prepara una solicitud de medidas cautelares que será presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Carlos Soria, abogado de Bini, señaló que hay un equipo legal apoyando la liberación de su cliente y que hay profesionales “ad honorem”, pues “están comprometidos” con el activismo digital y desarrollo de software libre.

También señaló que en los próximos días se realizará una audiencia para analizar la apelación a la prisión preventiva del ciudadano europeo. Actualmente, él se encuentra recluido en el Centro de Detención Provisional de Quito. Este martes 16 de abril del 2019 fue visitado por sus padres.

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