Caupolicán Ochoa (segundo desde la izq.), abogado de Rafael Correa, pidió que este martes se realice una audiencia para analizar la orden de presentación. Foto: EL COMERCIO
El expresidente Rafael Correa incumplió la decisión de la jueza Daniella Camacho, quien ordenó que se presentara cada 15 días en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, mientras dure la investigación por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda.
La primera asistencia de Correa estaba señalada para el lunes, 2 de julio del 2018, pero él prefirió acudir al Consulado de Ecuador en Bélgica, a las 11:00 (04:00 hora de Ecuador). Allí solicitó que se dejara constancia de su visita por escrito y con sello oficial.
El certificado, que fue publicado por el exjefe de Estado en su cuenta de Twitter, tiene la firma del vicecónsul, Bernardo Burgos González. Allí, Correa indicó que su asistencia a la oficina diplomática se debió a que el fiscal general encargado, Paúl Pérez, solicitó a la jueza que la presentación sea en Bélgica. Este pedido lo hizo durante la audiencia de vinculación del exjefe de Estado por el secuestro del exasambleísta, el 18 de junio. Pero en esa misma diligencia, la jueza rechazó la solicitud del fiscal y aclaró que las oficinas diplomáticas “no están para eso”.
Correa dijo que como expresidente desea cumplir con las exigencias procesales, “a pesar de ser evidente la persecución política y judicial que he sufrido en los últimos meses”.
El exfuncionario también justificó su incumplimiento con el argumento de que ejercía sus derechos como ciudadano extranjero y citó a la Convención de Viena, entre otras normas internacionales.
La penalista Paulina Araujo explicó que en cualquier caso, la única orden que se debe cumplir es la emitida por un juez competente y no una solicitud hecha por un fiscal.
“El exmandatario tenía una obligación jurídica de presentarse en Quito y la incumplió. No tenía sentido que comparezca en el exterior, porque se estaría desnaturalizando lo que es un proceso penal a la luz de la Ley ecuatoriana”.
El Código Integral Penal (COIP), en su artículo 542, señala que cuando una persona procesada incumple la medida dispuesta, “el fiscal solicitará al juzgador una medida cautelar privativa de libertad”. Es decir, la prisión preventiva.
El lunes, Byron Valle, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana, expresó que no les causará sorpresa si la jueza determina en las próximas horas la privación de libertad del exjefe de Estado.
“Eso evidenciaría la manipulación que existe. Aquí no hay un espíritu de querer cumplir con la justicia, sino más bien de violentar derechos y cumplir consignas. Ya sabemos hacia dónde van”.
Por pedido de Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, para las 13:00 de hoy está prevista una audiencia en la cual se revisará la orden de presentación periódica.
Esa diligencia será aprovechada por el abogado de Balda, Felipe Rodríguez, quien solicitará la prisión del expresidente. Si eso ocurre, el jurista aseguró que solicitará la difusión roja de Interpol para que sea localizado y capturado, tal como se hizo con el exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero. Él también está vinculado a este caso y actualmente enfrenta un proceso de extradición en España.
La defensa de Balda teme que Correa pudiera recibir la protección de Bélgica porque su esposa es de ese país y sus hijos también tienen esa nacionalidad. Incluso, cree que el expresidente podría cobijarse bajo un asilo político.
Según el COIP, una persona acusada de asociación ilícita y secuestro, que son los delitos por los que se investiga a Correa, no puede ser juzgada en ausencia. Por lo tanto, si la jueza ordena su arresto y Correa no se entrega, se convertiría en prófugo. En ese caso debería esperar a que el expediente prescriba para volver al país, es decir, luego de nueve años.
Para la jurista Araujo, primero se deberá esperar a que el fiscal acuse al expresidente o se abstenga de hacerlo.
La fase de instrucción fiscal o de investigación pública terminará el 18 de julio. Esa es la fecha límite que tiene la Fiscalía para reunir las evidencias en contra de los autores intelectuales y materiales del secuestro de Balda.
Legisladores, concejales y exfuncionarios afines al exjefe de Estado anunciaron que en rechazo a esta acción judicial marcharán por las calles de Quito. Tienen previsto reunirse este jueves, a las 15:00, en el parque El Arbolito.
En contexto
Seis personas están vinculadas en la investigación por el plagio de Balda. Entre ellas tres policías, el exdirector de Inteligencia Fausto Tamayo, el exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia Pablo Romero y el expresidente Rafael Correa.
