4 de enero de 2020 00:00

Jueza Camacho: Fiscalía sí probó que existió una conducta criminal, grave y compleja en el caso Sobornos

En el auditorio de la Corte Nacional, la jueza Daniella Camacho (al fondo) expuso su resolución. Ella debía decir si llamaba a juicio o no a 24 personas. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

En el auditorio de la Corte Nacional, la jueza Daniella Camacho (al fondo) expuso su resolución. Ella debía decir si llamaba a juicio o no a 24 personas. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

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La diligencia comenzó a las 09:00 y terminó la noche de ayer 3 de enero del 2020. A las 19:30, la jueza Daniella Camacho anunció su fallo en el caso Sobornos y llamó a juicio al expresidente Rafael Correa y a otras 20 personas.

En esa lista constan el exvicepresidente Jorge Glas, los exministros Vinicio Alvarado y María de los Ángeles Duarte; y los exsecretarios, Alexis Mera, Walter Solís y Viviana Bonilla. Todos serán sometidos a juicio por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

De los 24 procesados, la jueza llamó a juicio a 21. Declaró el sobreseimiento (inocencia) para tres personas: María Augusta Enríquez, exmano derecha de Vinicio Alvarado; José Verdú, de la constructora que lleva su apellido, y Cai Runguo, exapoderado de Synohidro. Camacho aseguró que “la Fiscalía no logró probar su participación”.

Temprano, la jueza Daniella Camacho ingresó al auditorio de la Corte Nacional, traía en sus manos un libro rojo, resaltador y su resolución.
Durante dos horas habló sobre las pruebas que tanto Fiscalía, Procuraduríay los abogados pedían que se excluyeran.

Los defensores, por ejemplo, buscaban anular los testimonios de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, y de Laura Terán, antigua asistente de Presidencia. Según ellos, cuando las exfuncionarias se negaron a responder preguntas se vulneró su derecho a la confrontación.

Por otro lado, Fiscalía quería que no constaran como pruebas varias versiones y pericias, pues había dudas de su autenticidad y utilidad. Entre estas se hallaba, por ejemplo, el análisis a las libretas de Martínez.

Ninguno de los pedidos fue aceptado. La jueza decidió que en la etapa de juzgamiento, el Tribunal deberá analizar la pertinencia de las evidencias.
A las 11:00, después de un primer receso, Camacho dio paso a la segunda fase de la audiencia: la teoría general del caso.

Recordó cómo se inició todo: con dos expedientes por supuesto tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho que terminaron convirtiéndose en un único proceso por el último delito.

La jueza cuestionó que en esta fase, la Fiscalía haya planteado una “acusación desordenada”. Dijo que “no ligó bien” las evidencias y la relación con cada uno de los procesados, que al principio eran 26 sospechosos, pero a dos se les retiraron los cargos por falta de pruebas.

Llamó la atención a la Fiscalía, pues también “debía respetar el principio de objetividad” e investigar a todas las empresas y personas que aparecían en los ‘Archivos verdes’, en donde consta, por ejemplo, la constructora Odebrecht.
Pese a estos inconvenientes, la jueza dijo que hay algo que Fiscalía sí probó: que “existió una conducta criminal, grave y compleja”. Y aclaró que existen “suficientes elementos” para establecer el delito.

A medida que la diligencia avanzaba, el público se retiraba. Los abogados escuchaban a la jueza, quien iba por la página 100, mientras Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia, permanecía inmóvil en una pantalla. Su comparecencia fue a través de videoconferencia desde Guayaquil, en donde cumple arresto domiciliario.

Sobre la teoría del caso, la jueza dijo que a través de las evidencias se confirmaba una estructura criminal que había operado desde la Presidencia de la República, liderada por Correa. Señaló que esto se podría confirmar por tres momentos: los ‘Archivos verdes’, la existencia de las facturas y las versiones de los proveedores de servicios de publicidad.

Las tres piezas evidencian un sistema de captación de dinero en donde constructoras financiaban las actividades de Alianza País (AP) a cambio de contratos con el Estado. Y para evadir el control del Consejo Nacional Electoral se creó una contabilidad paralela.

En este esquema los ‘Archivos verdes’, creados por Terán, exhibían un registro detallado de los aportantes y de los funcionarios que debían gestionar las coimas y hacer un seguimiento de los pagos. En esos documentos constan fechas, códigos, nombres, números de facturas, montos, balances y hasta comentarios. Por ejemplo, en una de las notas se indica esto: “Ellos cumplen después de la firma del contrato. Todo por cruce de facturas”. Otro comentario es: “Ofrece 100 mil en cruce de facturas, 400 mil en líquido”. Se referían a los aportes de las empresas.

En el segundo momento, sobre las facturas, Camacho resaltó que la Fiscalía pudo comprobar que estos documentos son reales. Las copias y las facturas originales constan en el expediente, pues fueron entregadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) o por las firmas que las emitieron. En su mayoría son proveedores de servicios publicitarios.

Las versiones que ellos entregaron en el caso constituyen la tercera pieza. Por ejemplo, el dueño de una agencia de publicidad dijo que fue contratado por Creacional, empresa de Vinicio Alvarado, otro de los procesados. Su firma hizo las fotografías de los candidatos de AP para las elecciones a gobiernos seccionales del 2014. Pero la factura no la pagó el movimiento oficialista Alianza País, sino una empresa constructora.

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