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Rafael Correa enfrenta 11 investigaciones penales en Fiscalía

Los jueces Sylvia Sánchez, Miguel Jurado y Édgar Flores conocen el caso Balda.

Los jueces Sylvia Sánchez, Miguel Jurado y Édgar Flores conocen el caso Balda.

Los jueces Sylvia Sánchez, Miguel Jurado y Édgar Flores conocen el caso Balda. Foto: Archivo EL COMERCIO

Peculado, tráfico de influencias, instigación, fraude procesal, robo calificado y actos de odio. Estos son los delitos por los que es investigado penalmente el expresidente Rafael Correa.

En total son 11 expedientes en su contra. De estos, en dos casos existen informes de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal.

Por ejemplo, el informe DNA3-0015-2018 menciona a Correa como uno de los exfuncionarios que avaló procesos de endeudamiento por fuera de ley.Esto se habría realizado con la emisión, colocación y pago de Certificados de Tesorería, que son papeles a través de los cuales el Fisco consigue liquidez.

Luego del análisis, el equipo auditor concluyó que entre enero del 2016 y diciembre del 2017 se colocaron Certificados de Tesorería, a plazos mayores de los 365 días permitidos en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, lo que produjo un perjuicio para el Estado.

Otra denuncia que se investiga contra el expresidente fue presentada, en enero, por dirigentes y representantes de afiliados y jubilados del Instituto de Seguridad Social (IESS).

Ellos sostienen que debido a malos manejos entre los años 2008 y 2017, el IESS tuvo una afectación que sobrepasaría los USD 15 000 millones. Los dirigentes señalaron a Correa, porque a través de disposiciones y reformas legales que impulsó se redujeron las reservas y el ahorro de la entidad.

La última denuncia contra el exmandatario fue planteada el lunes pasado, por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio.

Sus miembros entregaron a la Fiscalía documentos y solicitaron que se vinculara a Correa en la investigación sobre la inexistente Refinería del Pacífico. El Consejo resaltó que fue el exmandatario quien firmó decretos de emergencia que permitieron la movilización de recursos para construir la obra.

Por ejemplo, para la adquisición del terreno de la Refinería, en El Aromo, ubicado en una zona rural de Manta, se destinaron USD 6,7 millones en diciembre del 2009, cuando el avalúo del terreno en ese tiempo era de USD
121 275 (50 veces menos).

Además de estos casos, hay otro proceso también por peculado que tiene relación con el secuestro de Fernando Balda. Justamente ayer, la Fiscalía citó al activista para que el 20 de marzo reconozca su firma y formalice la denuncia.

Ese mismo día, la Fiscalía tomará su versión sobre el plagio perpetrado por miembros de la exsecretaría nacional de Inteligencia (Senain), en el que se habrían usado fondos del Estado.

Por eso, el 26 de marzo, la Fiscalía tiene previsto tomar las versiones de Raúl Chicaiza y Diana Falcón, agentes que trabajaban para la Senain. Ellos admitieron haber organizado el secuestro de Balda. Chicaiza, por ejemplo, dijo que recibió cheques de la Dirección General de Inteligencia por USD 10 000 y USD 11 280 para el plagio.

Además, aseguró que Correa sabía sobre el secuestro.  En este caso, la Contraloría todavía no ha remitido un informe de responsabilidad.

Por esa razón, la Fiscalía solicitó al organismo de control que en 15 días certifique si existe o no algún examen de responsabilidad penal, pues es un requisito para iniciar el proceso por peculado.

Los expedientes contra Correa son manejados por seis fiscales. Ayer, la titular de la entidad, Ruth Palacios, señaló que cada uno de los agentes lleva en promedio 100 casos y justificó la demora en las investigaciones.

Para despachar los procesos, Palacios dijo que movió temporalmente a los fiscales de la Comisión de la Verdad, que investigan casos de lesa humanidad, y los colocó en Investigaciones Previas.

El Consejo de la Judicatura anunció que la próxima semana delegará ciertas competencias a la Fiscalía, para que este ente pueda nombrar fiscales provisionales y así reducir la carga laboral.

En Investigaciones Previas constan también cinco causas contra el exvicepresidente Jorge Glas. Los expedientes en su contra son por los casos Petrochina, Petrotailandia, Singue, Refinería del Pacífico y por supuesto cohecho. En este último, la Contraloría ha remitido cinco informes con indicios de responsabilidad.

El caso de cohecho se desprende del juicio Odebrecht por asociación ilícita y por el que fue sentenciado a seis años de cárcel.

Palacios reconoció que en estos procesos aún no se ha logrado reunir las suficientes evidencias. Esa es una de las razones por las que viajará a Brasil, el 28 de febrero.

La idea es tomar una versión de Luiz Mameri, exdirectivo de Odebrecht, y recopilar más datos y evidencias sobre el pago de sobornos a altos exfuncionarios de Correa. En la Fiscalía también hay procesos abiertos en contra de Alexis Mera.

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