6 de enero de 2020 17:17

Rafael Correa podría candidatizarse por no tener sentencia en firme, aunque no para presidente

El expresidente Rafael Correa dijo que autorizará a la Fiscalía para publicar sus movimientos financieros. Foto: Archivo EL COMERCIO

Rafael Correa, expresidente del Ecuador, fue llamado a juicio por el caso Sobornos el 3 de enero del 2020. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Jorge R. Imbaquingo

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Dos constitucionalistas, consultados por este Diario, aseguran que dadas las condiciones actuales, Rafael Correa podría presentarse como candidato a cualquier dignidad pública, excepto la de Presidente de la República, en los comicios del 2021.

Hay condiciones para este razonamiento jurídico. Tras la Consulta Popular de febrero del 2018, por mandato popular se decidió que nadie puede reelegirse más de dos veces en un mismo cargo, de ahí que Correa tenga vía libre en cualquier dignidad, desde vicepresidente hasta concejal. Por otra parte, a pesar de estar procesado en el caso Sobornos, al no tener una sentencia ejecutoriada, puede acceder a la candidatura que elija.

“Probablemente habrá una condena, y en todo caso los tiempos procesales no coinciden con los tiempos electorales y él (Correa) jurídicamente, desde un punto de vista legal sí podría ser candidato”, dice el constitucionalista y experto en Derechos Humanos Juan Pablo Albán.

“Al no tener una condena en firme, Rafael Correa puede perfectamente acceder a una candidatura, desde concejal hasta vicepresidente, pues ya no puede lanzarse a la Presidencia, por prohibición del mandato de la Consulta Popular convocada por Lenín Moreno, en 2018”, explica Jorge Benavides, constitucionalista y decano de Jurisprudencia de la UTE.

Al momento, el juicio del caso sobornos está en etapa de llamamiento a juicio. De aquí, se debe constituir un tribunal que tiene que juzgar a los involucrados, entre ellos el expresidente Correa, por el supuesto delito de cohecho, por el que puede ser procesado en ausencia y que no prescribe.

Tanto Albán como Benavides coinciden que el momento en el que Correa pise suelo ecuatoriano será apresado, pues tiene dos pedidos de prisión preventiva por el caso del supuesto secuestro al político Fernando Balda y por el caso Sobornos.

Para Albán, por la naturaleza del delito del que está acusado no cabría la sustitución de medidas cautelares, sí una revocatoria, pero por la falta de presentarse a declarar, de comparecer periódicamente ante una autoridad y demás “automáticamente le aplicarían la prisión preventiva”.

Benavides asegura que, a pesar de todo, Correa podría presentar su candidatura y que podría ser posesionado siempre y cuando no haya la sentencia condenatoria, incluidas las impugnaciones hasta la casación.

La mañana de este lunes 6 de enero del 2020, el procurador del Estado, Íñigo Salvador, aseguró en una entrevista en Ecuavisa que el trámite del juicio podría tener una sentencia en abril. “Calculemos un mes, dos meses para la audiencia de juicio, estaríamos hablando probablemente a fines de marzo, y después el tribunal se tomará un tiempo de dos o tres semanas y estaríamos hablando de abril”, dijo.

Para Albán, en cambio, el trámite puede durar más de un año. La casación es un recurso de última instancia en el que se revisan errores cometidos en la sentencia, mas no se trata de una revisión total del caso.

Benavides cree que en este escenario, si Correa ganara, podría posesionarse. Sin embargo, apunta a que, si en medio del ejercicio de sus funciones, es declarado en última instancia como culpable de cohecho, perdería inmediatamente sus derechos políticos, sería destituido y estaría prohibido de ejercer cargos de por vida.

En una entrevista en Teleamazonas, la jurista Paulina Araujo, aseguró que es importante que quede claro que el caso también puede tomar un giro político, ya que la Asamblea puede dar una amnistía. “Quisiera preguntarle al Ecuador ¿qué pasaría si las personas que eligen en la Asamblea deciden aplicar una amnistía? Eso es perdón y olvido”, aseguró.

“No se puede perder de vista que por el escenario político actual. La composición de la Asamblea, como analizaba Paulina Araujo, permitiría introducir una propuesta de amnistía. De igual forma, quien llegue a la presidencia para tener más gobernabilidad, podría otorgar un indulto”, finaliza Albán.

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