Fausto Terán señaló que Rafael Correa se cambió de domicilio en Bélgica por razones de seguridad. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa, dijo este miércoles 7 de agosto del 2019 que no se han motivado las razones, ni se han presentado evidencias suficientes para ordenar prisión preventiva contra el exmandatario.
Desmintió también que Correa se haya mudado de casa por no rendir la versión o no colaborar en el proceso Sobornos 2012-2016.
Precisó que su defendido se cambió de casa en Bélgica por razones de seguridad. Además, dijo que puede presentarse periódicamente en el consulado de Ecuador en Bruselas.
Correa fue procesado este miércoles 7 de agosto del 2019 por la Fiscalía, que pidió su prisión preventiva y la de Jorge Glas, Walter Solís, Vinicio Alvarado y Yamil Massuh, exhombre de confianza de María de los Ángeles Duarte, también procesada en esta causa.
El abogado de Glas, Harrison Salcedo, indicó que “los elementos de convicción presentados por Fiscalía, son insuficientes para pedir prisión preventiva”.
Además, dijo que no existe riesgo de fuga y que no se afectará la investigación, pues Glas ya se encuentra detenido en la cárcel de Cotopaxi, por el delito de asociación ilícita, relacionado con la trama de corrupción de Odebrecht.
El jurista también aseguró que su cliente al estar encarcelado puede asistir a todas las diligencias que pida Fiscalía y que por eso no es “lógico” dictar prisión preventiva.
Francisco Pesantes, abogado de Yamil Massuh, argumentó a la jueza Camacho que su defendido mantiene económicamente a sus padres de la tercera edad y presentó certificados médicos de que ambos tienen enfermedades catastróficas.
Además, indicó que tiene cuatro hijos, entre ellos dos menores de edad que estudian en Guayaquil. El jurista también aseguró que su cliente no intentó irse del país, sino que estuvo en Huaquillas por negocios, porque actualmente trabaja como comerciante.
Por eso solicitó que no se dicte prisión preventiva y que se adopte otras medidas como la prohibición de salir del país o la presentación periódica en una oficina judicial de Guayaquil.