Con el objetivo de analizar el proceso de discusión e implementación de la medida del pico y placa, la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción Quito Honesto, oficializó la conformación de una veeduría.
Los expertos y académicos Cristóbal Buendía, Patricia Cevallos, Mario Villagómez y Freddy Paredes recibieron las credenciales que los acreditan como veedores de la medida restrictiva que se aplica desde mayo de este año.
Buendía, vocero de la veeduría ciudadana, explicó que se recolectarán datos y evidencia de fuentes oficiales y no oficiales, que permitan identificar los criterios legales, sociales y políticos con los cuales se decidió aplicar la medida.
También se verificará el sustento jurídico que dio paso a la reforma de la Ordenanza 305 y la normativa complementaria. Se analizarán el nivel de participación ciudadana y el impacto técnico, social y económico de la misma.
La veeduría también determinará el destino de los recursos económicos que se han obtenido durante los siete meses de aplicación. Según el Observatorio de Movilidad, en seis meses los ingresos por multas al pico y placa superaban los USD 2 millones.
Los veedores tienen un plazo de 90 días para presentar sus conclusiones. Con esos resultados se negociará con las autoridades los mecanismos y los plazos para la aplicación de las observaciones.