La cuneta de la Panamericana Norte está a 10 pasos de un tanque de agua y de dos lavaderos de ropa, en la vivienda de Édison Toapanta. Él vive en el barrio San Lorenzo, junto a la vía asfaltada, en la parroquia Guayllabamba.
Allí habita desde hace 30 años y en el patio de su vivienda todavía hay fierros retorcidos y herramientas de mecánica automotriz. Dice que dejó el oficio porque no era rentable. Incluso, la estructura del taller está sobre el piso desde hace dos meses, por un accidente de tránsito.Toapanta conoce el peligro de vivir cerca de la ‘Pana’, por eso no se opone a la ampliación, a cuatro carriles, de la carretera en los 18 kilómetros de vía entre Calderón y Guayllabamba. Se calcula que a diario circulan por allí 12 000 carros, en promedio.
“Si es por el progreso de la parroquia y el bien de la comunidad, no me opongo. Ya se hicieron mediciones. Tendremos que negociar los costos para la expropiación”, asegura el vecino.
La ampliación de esta vía será financiada por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Costará USD 39,5 millones.
En ese rubro se calculó USD 3,5 millones para el pago de expropiaciones a los dueños de casas y terrenos afectados con el nuevo trazado de ampliación.
Además, se invertirán USD 2 millones para la reubicación de servicios públicos, construcción de cinco puentes peatonales, 10 paradas de buses y mejoras en los accesos a los barrios.
En el mismo sector de San Lorenzo (Guayllabamba), sobre una ladera, está la casa de Teresa Cumbal. Ayer, la mujer lavaba ropa. Hizo un alto para mostrar los números 0+10 que están escritos sobre una pilastra.
“Solo quisiera saber si me queda un pedazo de terreno aquí mismo para poder construir mi vivienda, sin tener que ir a otro lado”, decía Cumbal, preocupada.
Ella escuchaba atenta las explicaciones de Gonzalo Pazmiño, presidente de la junta parroquial, sobre el anuncio de que la ampliación sería de 25 metros y que perdería toda su vivienda.
El dirigente detalla que los barrios San Vicente y San Lorenzo de Guayllabamba serían las zonas más afectadas. Pazmiño asegura que no hay un cronograma definido para empezar las negociaciones, aunque el plazo para las expropiaciones es de seis meses y para la ampliación, de 30.
Tampoco se ha determinado el número exacto de las viviendas afectadas. “Como junta parroquial velaremos para que se pague a los afectados y, si es necesario, ayudaremos a gestionar créditos para las viviendas”.
“El costo se determinaría según los valores de Avalúos y Catastros del Municipio”, dice Pazmiño. Está previsto una reunión con los representantes de la concesionaria Panavial, encargada de la ampliación, para iniciar las conversaciones.
Entre los habitantes de Guayllabamba también hay interés por el inicio de la obra que generaría plazas de trabajo, debido a que la constructora deberá contratar mano de obra del sector.
La construcción del nuevo puente sobre el río Guayllabamba será uno de los primeros trabajos a ejecutarse.
