El Municipio de Quito cobra, en la carta del Impuesto Predial, una tasa para la seguridad desde el 2003. Hasta el año pasado, el Cabildo recaudó USD 37,9 millones. Para este año tiene proyectado recaudar USD 10,8 millones. Los dueños de los predios aportan anualmente entre USD 2 y 27, dependiendo del avalúo del inmueble.Según la Ordenanza 0079 del 12 de diciembre del 2002, el Concejo Metropolitano consideró que “ante el crecimiento de la violencia en Quito es indispensable crear un Fondo Especial de Prevención de la Violencia e Inseguridad Ciudadana”.
En el 2003, la Policía registró 2 934 denuncias por robo a domicilios, esa cifra subió a 4 291 en el 2008. Al siguiente año bajó 2 280. Para el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, la reducción responde a la reforma al Código Penal.
En esa norma se especifica que el perjudicado puede presentar la denuncia por delito cuando la pérdida supera los USD 654. Patricia Garzón vive en el Comité del Pueblo desde hace 30 años.
Ella cree que el cobro de la tasa de seguridad no ha ayudado a reducir los asaltos y robos en el sector. La semana pasada, cerca de su casa, asaltaron a un vendedor de alimentos. Él llegó en su camión y mientras se bajaba para ofrecer los productos en una tienda, tres desconocidos, con pistolas, le golpearon y le quitaron la computadora.
A dos cuadras del lugar del incidente está ubicada la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la zona. En este año, el 17% de la recaudación por la tasa se destinó a la construcción y mejoramiento de las UPC, lubricantes, combustibles y mantenimiento de los patrulleros.
Para el coronel Ignacio Benítez, jefe de la Policía Comunitaria, en cada unidad permanecen, en promedio, cuatro policías. “Pero lo óptimo es que haya ocho uniformados”. Marieta Pazmiño vive en el sector de la Rumiñahui y hasta el miércoles pasado no había tenido ningún contacto con la UPC de su barrio, levantada a 10 cuadras de su casa. “Les he visto que patrullan, pero ni les conozco a los policías”.
El 37% de los recursos provenientes de la tasa se destinan para volver seguros los espacios públicos de los barrios. En ese rubro también está incluida la instalación de alarmas comunitarias. Hasta el año pasado, 33 996 casas tenían instalado este dispositivo. En toda la ciudad están registrados alrededor de 650 000 predios.
Mariano Díaz es presidente de la Argelia Baja, en el sur. Está satisfecho con la alarma comunitaria que se instaló en su barrio hace cinco meses. “Los vecinos nos unimos y ya no hay robos. Solo en dos ocasiones hemos activado la alarma y los ladrones no han regresado”.
Otra inversión considerable que se hace con los recursos de la tasa es la apertura y mantenimiento de los centros de Equidad y Justicia. En la ciudad hay seis. Allí se receptan denuncias; funcionan comisarías, centros de mediación, fiscalía y se da asesoría sobre violencia intrafamiliar.
El miércoles pasado, Pablo Rodríguez acudió al centro ubicado en la av. De la Prensa y Tufiño. Fue a denunciar un caso de violencia intrafamiliar y desconocía que esas oficinas se mantenían con la tasa de seguridad. “Vivo en la Pisulí y prefiero venir acá, por la cercanía”.
Para Guadalupe Estévez, gerenta de la Empresa Pública Metropolitana de Seguridad, la sensación de inseguridad en la ciudad está presente.
“Por eso tratamos de llegar a la comunidad. Hemos trabajado en campañas de educación para establecer sitios seguros y medidas de seguridad”.
El cobro de la tasa también permitió crear el Observatorio de la Seguridad. Esta entidad recoge toda la información relacionada con los delitos y define los sitios peligrosos para que la Policía fortalezca los patrullajes.
