Desde el viernes pasado está en vigencia la reforma a la ordenanza 201 de Convivencia Ciudadana, la cual sanciona a quienes tomen licor en los espacios públicos de Quito.
Una multa del 50% del salario vital unificado, es decir USD 132, deberán cancelar quienes, por primera vez, sean encontrados libando. Y si son reincidentes, el monto se duplica; es decir, USD 264.
Según el concejal Marco Ponce, el uniformado dejará constancia de la sanción con el número de placa del vehículo del conductor involucrado o el número de cédula de identidad. “Si el afectado no se acerca a cancelar la multa, ese monto se sumará a la matricula del automotor o en las planillas de agua, luz o teléfono”, dijo el edil.
En caso de los menores de edad, la Policía de menores (Dinapen) trasladará a los infractores hasta sus casas, donde reportarán a su representante legal sobre su acción y la multa que deberán cancelar sus padres, señaló Ponce.
La Policía realizará operativos, especialmente en sectores como la avenida De los Shyris, los miradores, la calle Guangüiltagua, alrededores de la Plaza de Toros, entre otros, donde cada semana se registran personas libando en la vía.