El Municipio quiere asumir nuevas competencias con el fin de hacer más eficiente la gestión del tránsito en la ciudad.
Carlos Páez, secretario de Movilidad del Municipio, explicó que el control del tránsito por parte del Cabildo permitirá alinear las acciones operativas al nuevo modelo de movilidad.
“La identificación oportuna del infractor y la sanción correspondiente son elementos claves para cambiar la cultura de seguridad vial de la ciudad”.
La propuesta visibilizó algunas deficiencias de las entidades que actualmente están a cargo del control del tránsito y del transporte de la ciudad. Tres expertos consultados por este Diario exponen sus razones sobre la conveniencia de que el Cabildo asuma esta competencia. Ellos aseguran que el Municipio no solo recibirá nuevas atribuciones, también heredará los problemas de cada institución.
338 870 citaciones sin sentencia en Pichincha
De las 130 boletas de citación que ingresan cada día al Juzgado Quinto de Tránsito, apenas se alcanzan a tramitar 70.
Francia Alarcón, titular de ese Juzgado, explicó que el número de contravenciones por juzgar rebasó hace tiempo la capacidad operativa de las judicaturas.
Según datos de la Dirección Nacional de Tránsito, desde la vigencia de la nueva Ley de Tránsito se emitieron 393 370 boletas de citación en Pichincha.
De estas, solo se han juzgado 91 108 (23%) y están pendientes de juzgar 338 870 (86%).
De ahí que el Municipio planteó una reforma a la Ley Vial, que permitirá caracterizar a las contravenciones como faltas administrativas que puedan ser sancionadas por el Cabildo.
Tras dos años de vigencia de la nueva Ley Vial, recién la semana pasada se posesionaron en Quito 11 jueces adjuntos. Ellos deberán compartir el trabajo con los jueces titulares para evacuar las causas represadas.
Pero Alarcón dijo que aún no está claro el mecanismo de distribución del trabajo. Además, aclaró que los jueces aún no pueden desempeñar sus funciones por falta de espacio físico en la judicatura provincial.
Víctor Jiménez, representante de Covial, aseguró que la falta de sanción generó una cultura de impunidad entre los infractores.
“Las autoridades no están ejerciendo su rol para que se aplique la ley. Las soluciones a la problemática de la gestión del tránsito y seguridad vial deben ser multisectoriales”.
Sin embargo, no está de acuerdo con que el Municipio asuma el trámite de las sanciones de tránsito. Él defiende el papel y las atribuciones de la función judicial en esa área.
En un año hubo 1 213 víctimas más de accidentes
Según Páez, los problemas en los juzgados de tránsito mermaron la autoridad de los policías en las calles. Una opinión similar tiene Jiménez.
Él defiende el rol de la Policía de Tránsito en el control de la seguridad vial. “No se puede desmembrar la seguridad vial de la seguridad ciudadana. Ahí, los agentes de tránsito tienen un papel importante”.
Para Jiménez, uno de los problemas es que la Policía de Tránsito maneja un esquema de control reactivo. “La mayoría de operativos responde a la presión de la opinión pública. No existe continuidad”.
Cristóbal Buendía, del Observatorio de Movilidad, acotó que la formación de los agentes de Tránsito dentro de una lógica coercitiva impide alinear el trabajo operativo con la planificación municipal y la prevención de accidentes.
Entre enero y julio de este año se registraron 8 986 víctimas de accidentes de tránsito. Esto es 1 213 víctimas más que el mismo período del año pasado.
Otras de las falencias en el control del tránsito es la falta de personal y equipos tecnológicos.
Por eso, Buendía insistió en que el Municipio debería asumir el control del tránsito. “El Cabildo tiene una oportunidad para elevar los niveles de eficiencia en el control operativo”.
USD 24 389 312 recaudados por matrículas en Pichincha
El Municipio también planteó hacerse cargo de la emisión de matrículas y licencias.
Páez explicó que uno de los objetivos es asumir el control del registro del parque automotor. Aseguró que eso facilitará la planificación del tránsito.
Otra de las razones es redistribuir los ingresos que recibe la Comisión Nacional de Tránsito. La administración de esos recursos también permitiría financiar el plan de movilidad.
Según Páez, de los USD 24 millones recaudados por matrículas en Pichincha, el Cabildo solo recibió 4 millones.
Guillermo Abad, de Justicia Vial, explicó que el traspaso de competencias de la Policía a la Comisión de Tránsito solo burocratizó los procesos.
“Si el Municipio asume la competencia también deberá revertir los permisos de operación del transporte público para entregarlos mediante contratos”.
