La adenda actual que permite operar a los buses caduca en diciembre del 2016. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
La firma de los contratos de operación del transporte masivo del Distrito está por concretarse. El contenido de este documento, que permitirá que 60 compañías y cooperativas de buses continúen prestando el servicio durante los próximos 10 años, se encuentra en la última etapa de revisión.
El acuerdo entre la Secretaría Metropolitana de Movilidad y las operadoras de buses urbanos y de las parroquias rurales está previsto firmarse entre esta y la próxima semana.
Para el gremio, esta figura brindará estabilidad y permitirá realizar inversiones a largo plazo, aseguró José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte del Distrito.
Esta modalidad de contratación por 10 años será aplicada por primera vez en Quito. En los últimos tres años los transportistas firmaron solo adendas (extensión del contrato). Y antes del 2008 estos tenían una vigencia de cinco años. Sin embargo, las condiciones de la prestación del servicio no eran claras, refirió Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad.
Ahora, mediante este mecanismo se establecerán las condiciones de la prestación del servicio a largo plazo. Se aludirá a los parámetros de calidad establecidos un año atrás para la entrega de compensaciones económicas a los transportistas. El incumplimiento de estos índices podría conllevar incluso a la revocatoria o terminación del contrato, informó la Secretaría de Movilidad.
Los transportistas deberán contar con una flota determinada, sujetarse a los horarios en las rutas establecidas, tener espacios inclusivos y cumplir estándares mínimos de servicio. El Municipio se encargará de la administración.
Incumplimientos
Desde marzo del 2015 hasta agosto del 2016 las faltas más recurrentes son: incumplimiento de los índices operacionales (rutas, frecuencias, horarios, intervalos de operación, flota), y no contar con espacios inclusivos así como la falta de respeto a usuarios de movilidad reducida, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
Debido a estos incumplimientos, los transportistas no han recibido las compensaciones del Municipio.
En el período mencionado, el Municipio ha destinado USD 32,8 millones. En promedio, cada trimestre 2 026 transportistas reciben la compensación y 307 se quedan sin ella por no cumplir los parámetros de calidad. Los valores que entrega el Municipio son entre USD 450 y 1 000.
Sobre la calidad del servicio, José Santamaría, de la Cámara de Transporte, dice que el gremio ha realizado mejoras en un 80%. “Hay un cambio de actitud, se cuenta con una imagen corporativa, se brinda capacitación al personal.(…) A veces queremos tener más allá de lo que se puede dar”.
María José Troya, directora de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, cree que se debería tomar en cuenta la opinión de los usuarios. No debe discutirse solo entre quienes prestarán el servicio y la autoridad.
Cristóbal Buendía, del Observatorio Ciudadano de Movilidad, dice que se deben considerar mecanismos para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los transportistas.
Una vez firmados los contratos, las mejoras serán paulatinas, mencionó Jorge Yánez, presidente de la Corporación Metropolitana de Movilidad.
Para que los índices de calidad se cumplan, la Secretaría de Movilidad hará seguimiento con un grupo de supervisores de contratos. Ellos planificarán operativos para comprobar que los conductores circulen por las rutas establecidas, gestionarán las denuncias ciudadanas y revisarán los informes de la AMT sobre el cumplimiento de los índices de calidad del transporte urbano.
