Los botones y cámaras están cerca del chofer y de los pasajeros. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.
Luis Taipe recuerda que presionó unas 10 veces el botón junto a su puerta, pero una patrulla lo alcanzó casi una hora después, cuando ya le habían robado el dinero que tenía en su taxi. Esto sucedió un sábado de agosto del 2017, tras recoger a cuatro pasajeros luego de un evento público en La Marín.
En este vehículo se instaló uno de los 8 000 kits de seguridad que se han colocado a los taxis en Quito, como parte del programa Transporte Seguro, con el que se controlan los taxis y buses de transporte público en el país. El programa arrancó el 2013, como iniciativa del Gobierno Nacional e implementado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y coordinado por el ECU-911.
Taipe indicó que con esta experiencia comprobó que el sistema sí funcionó, pero no obtuvo una reacción o ayuda a tiempo. “Lo del botón es como adorno, porque ya presentí algo y lo presioné para ver si me alcanzaba, pero no”. La Policía llegó hasta el sitio donde ya se bajaron los asaltantes, en el norte de la ciudad.
Este sistema se activa cuando los conductores o pasajeros presionan cualquiera de los tres botones de auxilio que tiene cada unidad. La alarma llega a un centro de monitoreo que activa las dos cámaras instaladas para verificar si la alarma es verdadera o falsa. Cada cámara puede almacenar desde 10 minutos hasta una hora de imágenes. Una vez activados la alerta y el GPS del sistema, se envía la ayuda respectiva.
En todo el país hay 52 500 taxis con kits de seguridad instalados, de acuerdo con la ANT, que está a cargo del funcionamiento y monitoreo de todo el sistema. De esta cantidad se han reportado más de 16 248 alarmas activadas por los conductores y 3 053 personas detenidas para investigaciones, en cinco años, por estar presuntamente vinculadas a hechos delictivos.
Taipe pidió el descargo de las imágenes que captaron las cámaras y denunció el asalto. En efecto, las cámaras habían filmado el atraco, pero el tiempo y la falta de dinero le desanimaron para continuar con el proceso legal.
Otros conductores de taxis de la capital también han activado este sistema en medio de una emergencia, pero afirmaron que no obtuvieron una respuesta rápida de las entidades de control. Eso lo sucedió a Juan Sánchez.
A este conductor no le llegó el apoyo de ninguna patrulla cuando entraron dos pasajeros a su taxi y lo amenazaron con una pistola, hace dos meses.
La ANT indicó que de los 8 000 kits instalados en Quito, 7 200 están en funcionamiento. Es decir, el 10% tiene algún tipo de avería.
La operatividad de los equipos se revisa a través de una plataforma de monitoreo que es manejada directamente por personal de la ANT. En este sitio se detectan las unidades que están fuera de línea. Luego de identificar los kits que requieren arreglos, se agenda el mantenimiento en un taller.
Para Sánchez, las cámaras sí han servido “hasta cierto punto”, para evitar otros problemas como el de los arranchadores, que rompen los vidrios o sacan las pertenencias de los pasajeros desde las ventanas.
A Elena Velásquez, por ejemplo, le robaron el celular por la ventana de un taxi, cuando iba de pasajera. Por el susto, no se fijó que la unidad tenía cámaras y que podía activarlas y usar esas imágenes para la denuncia. “El mismo taxista me bajó la ventana”.
En este programa se han invertido USD 124,3 millones en todo el país. Este monto incluye la instalación de equipos, implementación de la plataforma de monitoreo, del Data Center y jornadas de difusión con los conductores.
En este último punto se les indicó a los choferes cómo y cuándo activar el sistema. Así lo confirmó David Cajamarca, de la Coop. Oriental y gerente de Fedeamigo, organismo al que están afiliadas 215 unidades de taxi en Quito. “Ha sido un gran paso en la cuestión de seguridad, porque los ladrones ya saben que hay un sistema de vigilancia”, señaló Cajamarca.
Víctor Escobar, de la Cooperativa Artigas, dijo que ninguno de los 40 socios ha tenido que activar el sistema por robo, pero ha escuchado de quejas de compañeros sobre la ubicación de los botones de auxilio.
Para Guillermo Abad, director de Justicia Vial, este plan es positivo en lo tecnológico, pero se estanca en el monitoreo. “El sistema sería efectivo si gestionara la ayuda. Ahí se cerraría el ciclo. Caso contrario, está siendo subutilizado”.