Han pasado cerca de cinco años desde que la Constituyente de Montecristi aprobó una disposición de habilitar una silla vacía en los concejos cantonales.
El objetivo era abrir un espacio para que los ciudadanos tengan “la oportunidad de ser escuchados” en las reuniones de este cuerpo colegiado.
A tres meses de que los concejos municipales del país renueven a sus integrantes, este es un tema que aún no se materializa. Claramente, la Constitución se refiere a que deberá existir en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados un representante que podrá participar en el debate y en las decisiones correspondientes, de acuerdo con el tema que se trate. Esto no ha ocurrido.
Las cifras que manejan organizaciones civiles y del Estado del cumplimiento de esta disposición constitucional no son nada halagadoras.
En el caso de Quito sería un complemento más para mejorar y/o garantizar más representatividad. Esto, junto al incremento de concejales (de 15 a 21) se “supone” tiene este objetivo.
Por fuera de los resultados del domingo, la tarea pendiente del actual Concejo es dar viabilidad a estas dos expresiones de representatividad.