Reacción de la comunidad en Quito frente a los operativos reforzados en 7 zonas fue dividida
En la calle Lizardo Ruiz, en la parroquia de Cotocollao (norte), los militares controlaron ayer que las personas utilicen bien la mascarilla. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
Las siete parroquias más conflictivas de Quito, donde, además de haber mayor número de contagios por covid-19, se registran más aglomeraciones, desacatos, reuniones e indisciplina, amanecieron ayer, 17 de julio del 2020, con un intenso control militar, policial y municipal.
Los operativos arrancaron luego de que el COE nacional decidiera que la Policía Nacional se hiciera cargo del control de Calderón, Chillogallo y Belisario Quevedo; el Ejército, de Cotocollao y Guamaní; y el Municipio, del Centro Histórico y de La Magdalena.
Hasta ayer, 17 de julio, en Quito se confirmaron 10 386 casos positivos y se registraron 568 fallecidos. De ellos, 281 habitaban en alguna de las parroquias conflictivas. En Chillogallo han muerto 54 personas a causa del virus; en el Centro Histórico, 52 y en Belisario Quevedo, 40.
500 militares armados caminando por las calles, policías en caballos y personal municipal revisando documentación fueron la constante en estas zonas.
En las afueras del mercado de Guamaní (sur), un militar tomó un megáfono y alertó a los transeúntes sobre los riesgos del virus. “La mascarilla es obligatoria, mantenga la distancia de dos metros y evitaremos la propagación”, repetía.
Apenas llegaron las fuerzas del orden, los comerciantes informales huyeron con sus productos. Rápidamente tomaban las bolsas con frutas, hortalizas y verduras para guardarlas en sacos de yute y correr.
“Nos perjudican porque si no vendemos, no comemos. En mi casa respetamos la cuarentena, pero cuando se acabó la comida nos tocó salir a trabajar”, contó David Toaquiza.
Los informales dicen que consumen ajo y jengibre para no enfermarse y que cuando pase el control volverán a salir.
Las brigadas también recorrieron la calle Lizardo Ruiz, que va desde la av. De la Prensa hasta la plaza de Cotocollao, en el norte de Quito.
Militares, con su traje camuflaje, cascos, chalecos antibalas y armas, acompañaron a las autoridades del Cabildo a controlar el orden en el espacio público, y ventas informales.
En los operativos participan más de 500 uniformados de la Policía, Ejército y Municipio.
Estefanía Grunauer, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, informó que en los operativos interinstitucionales cada entidad actúa de acuerdo con su competencia. Hasta el momento la entidad ha realizado 5 211 operativos y se ha sancionado a 8 163 personas por no usar mascarilla. Una de las zonas problemáticas es Calderón, con 1 834 multas.
Alejandro Jaramillo, secretario de Seguridad (e), indicó que hasta las 16:00 de ayer, no conocían las cifras globales de detenidos o multados, pero dijo que las parroquias más conflictivas fueron Chillogallo, Centro Histórico y Calderón.
La reacción de la comunidad, frente a los operativos reforzados, fue dividida. Jaramillo cuenta que aquellas personas que cumplen las disposiciones agradecieron la intervención, mientras que los infractores fueron agresivos y reacios a acatar las normas.
En algunos barrios los insultaron y trataron de agredirlos.
La Intendencia de Pichincha informó que ayer, 17 de julio, se realizaron seis suspensiones a tiendas, panaderías y micromercados en Turubamba por incumplir medidas de bioseguridad.
Desde el 12 de marzo, la entidad clausuró 68 locales como restaurantes y billares, suspendió 140 eventos y decomisó 3 829 litros de alcohol artesanal.
Juan Zapata, director del ECU 911 y miembro del COE, indicó que los operativos sectorizados se mantendrán por cuatro días y se analizará el comportamiento de la comunidad. No se descarta ampliar las restricciones en esas zonas.
Para el epidemiólogo de la UTE, Daniel Simancas, estas medidas adoptadas son necesarias pero no suficientes. Lo importante es detectar ‘zonas calientes’ en los barrios, aislar a los enfermos y confinarlos.
Cree necesario incrementar el número de pruebas, hacer encuestas epidemiológicas y formar a rastreadores que serían los encargados de hacer un seguimiento a los casos con sospecha y a los enfermos.
El exalcalde Paco Moncayo considera que el problema de la capital es que tiene una estructura barrial debilitada, lo que impide desarrollar una prevención comunitaria.
“El control social se lo debe hacer entre vecinos, porque nunca va a haber un militar o policía para cada persona”. Esa estructura -dice Moncayo- se la consigue con participación ciudadana y organización en asambleas barriales.
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