Desde el 5 de enero de 2025, con el inicio de la campaña electoral, los candidatos a la Presidencia colocaron propaganda en postes, paredes y otros espacios públicos de Quito.
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Normativas locales y nacionales regulan el uso del espacio público para actividades electorales.
Regulaciones sobre propaganda electoral en Quito
La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó que el uso del espacio público requiere cumplir con ciertas condiciones:
- Permisos obligatorios: Los equipos de campaña deben gestionar autorizaciones en las Administraciones Zonales o Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Parroquiales.
- Colocación adecuada: No se permite pegar posters en postes u otras superficies públicas; únicamente se autoriza su colocación mediante estructuras o soportes adecuados (no se especifica cuáles).
- Restricciones de áreas: No se permite colocar publicidad en zonas patrimoniales, turísticas o en predios privados sin la autorización de los propietarios.
Control de la AMC sobre la propaganda electoral
La AMC pidió a las administraciones zonales y al CNE información sobre los partidos políticos que solicitaron autorización y el listado de representantes de movimientos y partidos políticos con sus respectivas direcciones para notificar en el caso de infracciones cometidas.
Una vez obtenida esta información, “iniciamos la segunda fase de control, que consiste en las inspecciones en sitio para el desarrollo de actuaciones previas”.
Con las evidencias del caso, “se continúa con el inicio del procedimiento sancionador a los partidos que no cumplan con la normativa”.
Uso de bienes públicos y transporte municipal
La Ordenanza 0282 del Municipio de Quito establece que los partidos y movimientos políticos no deben utilizar el sistema de transporte, incluidas terminales, estaciones y unidades del Trolebús y la Ecovía, con fines electorales.
Esta normativa prohíbe específicamente:
- Colocar propaganda en postes, columnas, muros o cercas.
- Usar espacios patrimoniales o turísticos para propaganda electoral.
- Instalar publicidad en infraestructura vial, como redondeles, pasos a desnivel, túneles o distribuidores de tráfico.
Sanciones por incumplimientos
La AMC puede imponer sanciones económicas que van desde el 0,5% hasta el 2% de una Remuneración Básica Unificada (RBUM) por incumplimientos.
En casos de infracción flagrante, las autoridades decomisan el material utilizado y exigen la reparación de los daños causados.
El artículo 279 del Código de la Democracia establece multas de hasta 70 RBUM, destitución y suspensión de derechos de participación para quienes utilicen bienes públicos con fines electorales.
Retiro de propaganda tras la campaña
Al finalizar la campaña electoral, los partidos políticos disponen de un plazo de 10 días para retirar voluntariamente la propaganda del espacio público.
Si no cumplen con esta disposición, la AMC procederá al retiro de los materiales mediante el programa de trabajo comunitario para garantizar que la ciudad quede libre de propaganda electoral.
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