La Secretaría de Movilidad contrastó informes y estudios previos sobre los pasajes y se determinó que la tarifa técnica para Quito sería de USD 0,35. Foto: archivo / EL COMERCIO
El proyecto de ordenanza que elaboró la Secretaría de Movilidad de Quito, con el apoyo de representantes de los transportistas, propone que cada año se realice un ajuste tarifario, aplicando una fórmula técnica que tome en cuenta la economía de la ciudad y la calidad del servicio, entre otros factores.
Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito, lo señaló el martes 23 de julio del 2019. La propuesta de ordenanza fue entregada al alcalde Jorge Yunda la semana pasada y este 31 de julio pasará a la Comisión de Movilidad, para luego ser analizada por el Concejo Metropolitano.
Durante reuniones que mantuvieron semanas atrás representantes del gremio y de la Secretaría de Movilidad se contrastaron los informes y estudios sobre los pasajes y se determinó que el incremento de la tarifa técnica para Quito sería de USD 0,35.
Abad sostuvo que antes no existía un argumento jurídico para que la autoridad pueda ejercer ese control y exigir el cumplimiento de parámetros de calidad. Por eso es clave firmar nuevos contratos de operación.
Los nuevos contratos con los transportistas de Quito deben contener cláusulas con los estándares de calidad del servicio, y a su vez debe contar con indicadores que midan esos parámetros. La actual propuesta plantea al menos 40 variables que se deben cumplir.
Abad señaló que para la definición de la tarifa anual se presentarán metodologías. La propuesta contempla establecer un cálculo técnico inmediato, que no necesite en un futuro más conversaciones de índole política para su aprobación, sino que la fórmula que se usa para ese tipo de cálculos permitiría actualizar automáticamente el valor con base en el cumplimiento de los indicadores.
“Normalmente se lo hace cada seis meses en ciudades que ya tienen fortalecido el sistema. En otros casos pueden hacerse cada año o cada dos. Pero ojo, si no se cumplen los requisitos, esa tarifa puede decrecer”, dijo Abad.
Con esa base, la normativa daría la potestad a la Secretaría de Movilidad para que ingrese los cálculos respectivos y se reajuste la tarifa automáticamente.
Abad aseguró que los indicadores de calidad de servicio -que quedarán establecidos en nuevos contratos con los transportistas de Quito- son claves para dicho cálculo. Si estos no se han cumplido, la tarifa puede bajar. Si no hay devaluaciones, factores económicos de incidencia, la tarifa se puede mantener.