En las últimas dos semanas, el alcalde Augusto Barrera ha visitado la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura Transitorio y la Fiscalía (ayer) para presentar la propuesta de reformas al sistema judicial.
Es un documento con 10 ítems redactado en mesas ciudadanas. El Burgomaestre ha difundido la propuesta a través de los medios de comunicación y organizó una marcha con los barrios. Daniel Pontón, director del Observatorio de Seguridad Metropolitano, dice que hay que entender la actuación del Alcalde en el contexto de dos ámbitos.
El primero, que tiene una relación directa con las competencias de seguridad y la función de autoridad pública. Esto se enmarca en las facultades del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), que define las responsabilidades municipales.
Allí, en los artículos 84 y 90, hay literales que señalan las facultades correspondientes y se detalla que es responsabilidad de los municipios y de los alcaldes “coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos de seguridad la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”.
Pontón agrega que la responsabilidad de las Alcaldías recae sobre áreas vinculadas a la prevención del delito, como la recuperación de parques y espacios públicos, la iluminación de calles y la coordinación con las policías Nacional y Metropolitana, y fortalecer la unidad comunitaria.
Para Barrera, por más esfuerzo que haya de las instituciones u organizaciones, no será suficiente si no existe un sistema de justicia eficaz. “En barrios donde hemos inaugurado escalinatas bien alumbradas, han aparecido vecinos que han reconocido que el espacio está bonito, pero no pueden salir a pasear por la inseguridad”.
El segundo ámbito, al que hace referencia Pontón, tiene un contexto político. “El alcalde (Barrera) no puede dejar de tener un tipo de opinión o sugerencia. Por lo menos dejar en claro cuáles son las prioridades que tiene la ciudad en materia de justicia”.
Aunque Barrera ha contado con el apoyo de concejales en la presentación de las propuestas, Fabricio Villamar aclara que el plan no es iniciativa del Concejo Metropolitano, por no ser conocido ni debatido. “Es una propuesta del Alcalde como la puede presentar cualquier ciudadano. No es del Concejo, que es la máxima autoridad de la ciudad”.
Juan López, abogado y especialista en temas de seguridad, sostiene que la propuesta que presenta el Cabildo quiteño es un diagnóstico donde se articulan las necesidades y urgencias que tiene la ciudad, pero no desvincula la responsabilidad del Municipio en acciones paralelas.
El especialista cree que también el Cabildo debe ser crítico a la hora de evaluar la responsabilidad municipal en materia de seguridad. “Entendiendo que hay formas delictivas organizadas, se debe considerar qué está pasando con el funcionamiento de las unidades de Policía Comunitaria y el uso del espacio público”.
En la evaluación de los dos años de la gestión de Barrera, presentado en el informe de la organización Quito Capaz, se señala que la capital afronta un problema de gestión pública en el tema de la seguridad ciudadana.
Entre otras causas se señalan la falta de empoderamiento y la ausencia de liderazgo de la autoridad local en temas de seguridad ciudadana y una insuficiente promoción e impulso para motivar la participación de la gente.
Lourdes Rodríguez, secretaria de Seguridad del Municipio, asegura que sí se trabaja en temas comunitarios vinculados con la prevención. “Hemos realizado 12 simulacros en todas las administraciones. 54 barrios ya cuentan con sistemas de alarmas comunitarias. Hasta mediados del próximo mes serán más de 100 barrios. Hay inversión en las obras de espacios públicos”.
Otras propuestas
El Municipio impulsó el plan de empadronamiento de celulares para disminuir el robo de estos aparatos. Está en marcha.
En la rendición de cuentas de Barrera se detalla que se ha invertido en el equipamiento de las unidades de Policía Comunitaria y en la compra de vehículos.
Se ha impulsado la atención para niños y mujeres en los centros de Equidad y Justicia, en las ocho administraciones.