Mariana Castillo se cambió de casa en esta semana. Ahora vive en la calle J, en el sector de Solanda.
Comenta que el lugar donde residía, por estar junto a un mercado, era muy peligroso. Para ella, la seguridad es una prioridad. “Decidí vivir con mi familia junto a una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) para estar más tranquila, pero siempre hay que tener cuidado con la delincuencia”.La presencia de los policías le hace pensar en que si hay alguna emergencia puede acudir a ellos con facilidad. En el Distrito Metropolitano de Quito hay 260 unidades de Policía Comunitaria, que atienden un promedio mensual de 1 200 llamadas de auxilio. En julio, la UPC de La Carolina atendió el mayor número de pedidos (27).
A Rosa Pilco vivir cerca a una UPC no le garantiza seguridad. Ella es vecina del barrio Atucucho Alto y reconoce la falta de interés que tienen los moradores para combatir a la delincuencia.
“Por más de una vez, los policías nos han invitado a charlas de seguridad. A la gente no le interesa y si el barrio no se une no podremos hacer frente a los antisociales”.
Para el Coronel Ignacio Benítez, Jefe de la Policía Comunitaria, es importante el constante involucramiento del policía comunitario con la gente del barrio, para que conozca a los vecinos y sus problemas de fondo.
En cada UPC permanecen en promedio tres gendarmes. “Es un número insuficiente, lo óptimo sería que haya ocho policías”.
Oswaldo Granda, administrador de la Zona Norte, coincide en que una UPC no funciona bien cuando no hay la vinculación de la comunidad. Conseguir eso es difícil. Grazziana Proaño viven en El Inca, y asegura que el grupo de policías no es estable.
“Hace dos meses pedimos auxilio a la UPC y los policías no llegaron a tiempo. Se justificaron diciendo que no conocían las calles. Así es muy difícil trabajar en conjunto”, dice Proaño.
Benítez reconoce que el personal de las unidades de Policía Comunitaria es rotativo. Hay otro problema: la mayoría de uniformados es de otras provincias y no conoce bien la ciudad.
Está en marcha un proyecto de reestructuración de las UPC, que incluye capacitación del personal e involucramiento con la comunidad, principalmente.
El pasado martes, 94 policías comunitarios se graduaron luego de terminar el primer curso de seguridad ciudadana. Durante 180 horas de capacitación recibieron relaciones humanas, mediación y negociación de conflictos, derechos humanos aplicados a los procesos policiales, etc.
El pasado febrero se inauguraron las tres últimas unidades en la ciudad. Están ubicadas en San Isidro de El Inca, Amagasí y Zámbiza. Cada una tiene un costo de USD 136 000. La Policía tiene previsto abrir otras 10 unidades más. Aún no están definidos los barrios que serán beneficiados.
Castillo insiste en que ahora se siente más segura, mientras Proaño piensa que la Policía Comunitaria de su barrio no está muy vinculada con la comunidad.