La Y es uno de los puntos que forman parte del plan del Corredor Metropolitano, que pretende densificar la población a lo largo de la ciudad. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO
El Corredor Metropolitano, el crecimiento en los alrededores del parque Bicentenario, el orden en la expansión de las cercanías del aeropuerto internacional de Tababela y el extenso sector de Quitumbe están entre los puntales más importantes del desarrollo de Quito de los próximos 12 años.
Esos cuatro temas, además de toda la planeación de crecimiento urbano del Distrito Metropolitano de Quito, constarán en dos instrumentos en los que la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda está trabajando con un equipo de 25 profesionales.
Se trata del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Pmdot) y del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), que deberían estar listos el 15 de mayo, según la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (Lootugs).
Rafael Carrasco, secretario de Territorio, explica que el primer plan está completo, pero aún puede variar; pues está siendo difundido para sumar los aportes de la ciudadanía. El PUGS está al 50%. Estas herramientas determinan el uso de suelo en una zona, las áreas que deben densificarse o los sitios donde debe concentrarse la industria, por ejemplo.
Sin embargo, el equipo está trabajando en el documento sin contar con todos los reglamentos que debía emitir el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. Este organismo debió cumplir este paso, tras una convocatoria del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), según la disposición transitoria quinta de la Lootugs. Pero a solo 73 días de que se venza el plazo, el Municipio no cuenta con toda la normativa nacional. Este tema también atañe a los 220 cantones restantes del país.
Hasta ahora, solo hay una norma técnica referente a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, emitida a fines del 2019, según un oficio remitido por la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), a la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, el 11 de febrero del 2020. La AME subrayó que sin los instrumentos para PUGS no se podía avanzar.
En su documento, la AME solicitó una reforma a la Lootugs, que amplíe el plazo para que todas las municipalidades entreguen sus planes. Lo dirigió al legislador Héctor Yépez, presidente de esa mesa.
Según el Miduvi, el 18 de febrero pasado, en la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico, se emitieron tres resoluciones que incluyen una norma para los planes que deben trabajar las alcaldías. Además, en los próximos días presentará por escrito un pronunciamiento sobre la prórroga solicitada por las alcaldías.
Yépez señala que aceptaron la propuesta de la AME para tratarla en la comisión, porque la llegada de reglamentos tardíos puede afectar a la calidad de los planes de ciudad. “No queremos que copien y peguen” documentos anteriores, dice, pues en ese caso no se cumpliría el objetivo de una planificación ordenada.
Él calcula que en un mes y medio la comisión podría poner a consideración del Pleno la reforma y su aprobación dependerá del apoyo del resto de legisladores. Espera apertura, pues no se trata de un tema político sino técnico, del que depende regular y ordenar el crecimiento de todo el Ecuador.
Para Carrasco, este es el momento oportuno de corregir errores históricos en el país, que hicieron que las ciudades crecieran en la informalidad. Según él, los planes dan una visión de ciudades y permiten darles sostenibilidad.
Pero el trabajo no se ha detenido, dice el edil René Bedón, pues en Quito se está construyendo la planificación urbana, con lineamientos locales. Sin embargo, la ausencia o la llegada tardía de los instructivos nacionales puede afectar a todo el trabajo realizado hasta hoy, pues las nuevas directrices podrían obligar a hacer cambios y a retrasar más el trabajo.
El concejal Bernardo Abad ha participado en reuniones con la AME, Carrasco y otras autoridades, porque considera vital que los planes urbanísticos no se hagan al apuro. Estos cuentan con el aporte de arquitectos, planificadores, sociólogos y otros profesionales que determinan en qué áreas de la ciudad debe haber crecimiento vertical, más espacios verdes, negocios, viviendas, etc.
Señala que de no cumplirse los plazos, concejales y alcaldes del país podrían recibir sanciones administrativas y, en un caso extremo, incluso una probable destitución.