Entrevista del día a Enrique Vivanco, urbanista y profesor universitario.
El 22 de diciembre pasado, el Concejo Metropolitano aprobó, en segundo debate, tres ordenanzas que regulan el uso y la ocupación del suelo. ¿Qué opinión tiene de esas nuevas ordenanzas?
Bueno. En los años setenta ya se aplicó un plan de intensificación del uso del suelo en La Mariscal. Este no dio los resultados que se buscaban. Más bien caotizó el área. Ahora, se quiere implementar algo parecido a escala general, en varias zonas de la urbe, pero sin un estudio específico.
¿Dónde surge el problema?
El problema surge en el origen. En el Ecuador no utilizamos ciertas categorías del planeamiento urbano usadas en otros países desde hace muchos años y que se han mostrado eficientes para optimizar el uso del suelo.
¿Cuáles, por ejemplo?
El plan parcial, que sería una regulación específica para desarrollar nuevas áreas en el entorno del núcleo urbano, pero definiendo aspectos que las nuevas ordenanzas no lo hacen. Hasta ahora, allí solo hacen proyectos los empresarios. Pero son proyectos que no tienen ninguna planificación, que están pegados unos a otros como en una colcha de retazos.
No tienen una unidad…
No hay una estructura que aglutine esos emprendimientos. Con avenidas importantes, con espacios recreativos, de servicios y comunales suficientes.
La Ordenanza 255 dice que solo habrá dos tipos de suelo: urbano y rural. Se elimina el urbanizable, para regular ese crecimiento de las periferias, precisamente.
Me parece grave esta decisión. Esas urbanizaciones no van a dejarse de construir porque el Municipio no tiene la capacidad de controlar ese crecimiento. Y el proceso va a seguir. La gente ya no se siente cómoda en Quito por el tránsito, la contaminación y otros males urbanos. Por ello busca los valles para vivir en otras condiciones. Con menos ruidos, estrés y poca contaminación.
Usted cuestiona la forma como se aprobaron las ordenanzas. ¿Faltó debate ciudadano sobre el tema?
En otros países, desde hace unos 40 años, los planes que afectan a los propietarios de terrenos y edificaciones son consultados a la ciudadanía. La ciudadanía puede y debe opinar sobre eso. Está capacitada para dar observaciones, sugerencias e, incluso, proponer alternativas a un plan municipal.
Las nuevas normas facultan el crecimiento de las edificaciones hacia arriba. ¿La medida es buena?
Este tema es comparable al de una casa a la que se le aumentan varios pisos encima. La estructura no está diseñada para soportar ese peso extra. Esto implica un estudio estructural que garantice la estabilidad de las edificaciones. Ver si las cimentaciones, las columnas, las losas… soportan más peso que el original.
Usted también afirma que esta intensificación del uso del suelo tendrá otros efectos colaterales negativos, como la densificación urbana…
De manera indiscriminada, será negativa. Se puede aplicar en zonas específicamente delimitadas, como se ha hecho en otros países. Pero hay barrios interesantes –arquitectónicamente- que deben conservar su tipología original, que es valiosa para el registro urbano de Quito.
¿Qué otros efectos?
¿Tendrá esta intensificación del uso del suelo un incremento correlativo en las redes de agua potable, por ejemplo? ¿Las tuberías existentes, muchas ya obsoletas, abastecerán con eficiencia las manzanas del núcleo urbano, que pasarán –en algunos casos- de un promedio de 30 hasta 540 residentes en ellas? ¿Pueden soportar más cables de los que ya tienen los postes quiteños?
Usted también topa el tema de los asoleamientos…
Bueno. Las casas de los barrios de Quito de uno o dos pisos tienen más posibilidad de recibir el sol si mantienen esa escala. Si aparecen edificios de nueve o 10 pisos, esa perspectiva se desvanece. Los edificios proyectan sombra y el sol ya no llegará a esos inmuebles en la misma cantidad y en el mismo número de horas. Pierde la ciudad, cambia la temperatura de casas y calles. El clima cambia, también.
¿Y las calles?
Peor todavía, porque no se propone ningún estudio en ese orden. Lo que va a ocurrir con los barrios ubicados alrededor del actual aeropuerto es un ejemplo.
Hay zonas específicas, como la del aeropuerto Mariscal Sucre (una vez que deje de operar allí), que deben tener un tratamiento especial. ¿Eso está previsto en la nueva ordenanza?
Ahí hay que hacer un estudio de reforma interior. Si, definitivamente, va a ser un parque como está previsto, todas las áreas perimetrales tienen que cambiar la ocupación. El Municipio ya ha hecho una inversión a través de un proyecto. De hecho, la plusvalía del entorno del Mariscal Sucre va a crecer. Entonces, ya no serán las casas de dos y tres pisos como son ahora; serán edificios de 10 ó 12 pisos. Ese cambio requiere planificación.
¿La revalorización del suelo propiciará especulación?
Ese es el peligro. Anotemos que en los últimos 10 años los precios del suelo han aumentado varias veces. Con la propuesta de construir más pisos –al ser los valores del suelo proporcionales a la altura de la edificación- se incrementarán todavía más.
¿Qué pasará con los terrenos subutilizados o las casas antiguas cuyos dueños estarán tentados a venderlas por el valor del suelo?
Ese es el problema más grave. Porque al subir el uso del suelo sube automáticamente el precio del predio. Claro que el Municipio, por la Ordenanza, puede beneficiarse de esa situación, pero creo que eso encarecerá aún más las construcciones. Puede producirse un proceso especulativo ascendente y espiral, cada vez mayor.
¿POR QUÉ ESTÁ AQUÍ?
Su experiencia. Vivanco nació en Loja en 1945. Estudió en la Universidad Politécnica de Madrid. Es catedrático por más de
33 años.
Su punto de vista. Un urbanismo democrático debe, necesariamente, contener y procesar la consulta ciudadana sobre temas de debate.