La normativa debería proponerla el alcalde Mauricio Rodas y ser aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito. Foto: Evelyn Jácome / archivo EL COMERCIO
El Municipio de Quito analiza la pertinencia de crear una ordenanza que permita aplicar la remisión o condonación de intereses prevista en la Ley Orgánica de Fomento Productivo, que está vigente desde agosto pasado en el país.
Una normativa local de este tipo debe ser propuesta por el alcalde Mauricio Rodas, quien aún no ha presentado una propuesta ante los demás miembros del Concejo Metropolitano de Quito.
La ordenanza es necesaria porque la Ley de Fomento Productivo no obliga condonar intereses a las entidades municipales que recaudan tributos como los prediales o las multas de tránsito sancionadas por la Agencia Metropolitana del ramo.
Por ahora, en Quito esa ley únicamente beneficia a los deudores que tienen obligaciones tributarias, multas o recargos pendientes hasta abril pasado con entidades como el Servicio de Rentas Internas, la Agencia Nacional de Tránsito, la Aduana, el IESS y empresas públicas que brindan servicios básicos, por ejemplo.
El exadministrador general, Miguel Dávila, entregó un proyecto al alcalde Mauricio Rodas, que aún no ha sido tratado en el Concejo. Ahora, el nuevo administrador, Ramiro Viteri, analiza junto al burgomaestre cuál será la posición que asumirá la ciudad con respeto de esta ley, que permite la reducción de intereses, multas y recargos en un 99% si el pago se realiza hasta el 18 de noviembre.
El porcentaje de reducción baja hasta el 50%, dependiendo de la fecha en la que se cancele la deuda pendiente.
En el Concejo las opiniones sobre la pertinencia o no de aplicar esta ley están divididas. Mientras el concejal Marco Ponce considera que sería bueno para la ciudad, el edil Carlos Páez señala que eso no sería positivo, al menos no por ahora.
Ponce explica que con esta ordenanza en la ciudad se puede lograr que los contribuyentes que tienen deudas con la ciudad paguen el capital sin intereses para recuperar parte del dinero. De lo contrario, será necesario recurrir a medidas coactivas que son “más largas, costosas y difíciles”. La remisión, en cambio, permitirá que haya un beneficio tanto a las arcas municipales como a los ciudadanos, que podrán ponerse al día en sus obligaciones con la ciudad.
Según Ponce, Quito se ha caracterizado tradicionalmente como un excelente pagador, pero razones de orden económico han puesto en mora a ciudadanos. Por ello cree que esta sería una oportunidad para que se igualen las cuentas.
Páez, en cambio, considera que es muy pronto para aplicar una nueva remisión en la ciudad. Recuerda que en el 2015 la Asamblea Nacional aprobó otro proceso de remisión y el Concejo Metropolitano de Quito lo trató y lo puso en ordenanza para hacerla efectiva también en los tributos y obligaciones fiscales que tiene la gente con el Municipio.
Páez afirma que tras analizar un informe sobre el impacto que esa medida tuvo, concluyó que no fue significativo porque menos del 10% de personas que tenían deudas con la ciudad se acogieron a la remisión. El resto no estaba dispuesto a cubrir sus obligaciones o tenía otro tipo de razones por las cuales no podían acogerse a este beneficio.
Páez agrega que entre el proceso del 2015 y este hay muy poco tiempo y que hacerlo significaría conspirar contra la generación de cultura tributaria. “Si se hace muy seguida una remisión de intereses y multas, la gente va a decir mejor no pago y no arreglo porque no tengo plata ahorita y lo dejo para cuando haya otra remisión”, dijo Páez.
