La suspensión del servicio en la Estación de la Ecovía generó molestias este miércoles 3 de julio del 2019. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
Cientos de pasajeros que diariamente ingresan a la Estación Río Coca, en el norte de Quito, se quedaron este miércoles 3 de julio del 2019 sin servicio de transporte durante dos horas. La razón: propietarios y choferes de los buses alimentadores que prestan servicio al Municipio paralizaron sus actividades desde las 07:00 hasta las 09:00.
Los socios de las unidades reclamaron los pagos atrasados de dos meses a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros.
Luis Tituaña, dirigente de los transportistas, lideró la manifestación. A nombre de los 80 buses que prestan este servicio en el norte de la capital, pidió al Municipio que les cancelen la deuda. “En cada bus trabajamos unas cuatro personas. En total somos más de 300 personas que dependemos de esto y necesitamos que nos paguen”, dijo.
Óscar Vaca, representante de la compañía Alborada y coordinador de los dueños de buses alimentadores del corredor nororiental Ecovía, asegura que les deben USD 840 000 de los dos últimos meses. Eso impide que cumplan con las obligaciones salariales del personal.
El servicio de alimentadores se interrumpió para Carapungo, Comité del Pueblo, Nayón, Zámbiza, La Luz, Cumbayá, Monteserrín.
“El dinero ingresa diariamente. Los señores que trabajan para la Alcaldía cobran puntualmente. No es justo que nos toque esperar 60 días para cobrar los sueldos”, manifestó Tituaña. Aseguró que cada chofer gana USD 900 y el ayudante, 500 al mes.
José Jacho es propietario de un bus y chofer. Señaló que, por la falta de pagos, está atrasado en las cuotas de su unidad, que ascienden a USD 1 600 mensuales.
A las 08:30, los dirigentes de los transportistas se reunieron con la Empresa de Pasajeros para buscar soluciones. En un comunicado difundido a las 09:48, la entidad informó que la paralización momentánea de las rutas alimentadoras de la Estación Río Coca de la Ecovía se solventó luego de mantener un diálogo entre los transportistas y las nuevas autoridades de la Epmtpq.
Según la dependencia, hubo compromisos para ponerse al día con los pagos de abril y mayo con las cinco operadoras que brindan servicio en ocho rutas alimentadoras de esta estación.
La Epmtpq no precisó el monto de la deuda, pero indicó que los valores debían ser solventados por la anterior administración.
Otras quejas por atrasos
El consorcio del Corredor Suroccidental también atraviesa inconvenientes. Este miércoles 3 de julio, Hernán Zambrano, representante de la compañía Disutran S.A. y exgerente del Consorcio Suroccidental, señaló que la empresa pública de pasajeros les adeuda desde el 15 de mayo, USD 2 700 a cada uno de los 294 buses que intregan esta ruta, es decir USD 793 800.
Jorge Yáñez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito, indica que el problema de la demora en el pago no solo se da solo en los alimentadores de la Ecovía, sino de manera general en todos los buses que prestan ese servicio en los corredores centrales. Es decir, en el Trolebús, Metrobús, Corredor Suroccidental y Suroriental.
El dirigente señala que es una herencia de la anterior administración. “A nosotros nos ha tocado hacer sobregiros en los bancos para cancelar a los trabajadores”.
Según Yáñez, se trata de 615 unidades que han sufrido retrasos en sus pagos por dos y tres meses.
Cada alimentador (sin el beneficio de la compensación) recibe cada mes USD 6 800. Con ese dinero debe pagar sueldos y beneficios a cuatro trabajadores (dos choferes y dos controladores), lo que suma unos USD 3 200. Además, gasta USD 1 200 en combustible y mantenimiento, “por lo que la ganancia es mínima”.
El Consorcio Corredor Central Norte, que tiene un contrato distinto con el Municipio, también registra problemas en los pagos. Ney Jiménez, presidente de la empresa, señala que el Cabildo les adeuda desde diciembre.
En contexto
En marzo del 2015, el Municipio instauró un plan de compensaciones hasta junio del 2017. Luego, el Concejo aprobó una nueva retribución desde febrero del 2018 por un plazo de entre cinco y 18 meses, que vence en agosto próximo.
