Álex Remache, coordinador de Proyectos de Desarrollo en la U. Andina.
Hay municipios están asumiendo nuevas responsabilidades, como el de la basura en Quito, que se encargó a la empresa privada. ¿Cómo ve esta iniciativa?
Estamos en una fase de transición por la Constitución vigente, donde se deberá avanzar hacia leyes secundarias que materialicen esos nuevos postulados. Hay que tomar en cuenta la diversidad y el tamaño de las particularidades de cada Municipio. Una realidad es la del Municipio de Quito, Cuenca o Guayaquil y otra la de un cantón pequeño.
Y en lo referente al Municipio de Quito, ¿la decisión es acertada?El Municipio de Quito debe abordar lo que eficientemente puede hacerlo. Si una empresa municipal puede encargarse de la recolección de basura de manera eficiente sin incrementar los costos, tendría que hacerlo. Pero si lo eficiente está por el lado de una empresa privada podría encargarse la prestación de servicios a esas instancias.
En el mismo tema de la basura, se confió en la capacidad de Emaseo, pero se evidenció que no funcionó.
Los problemas de la capital van más allá de una modalidad de contrato. Tenemos que ser suficientemente creativos para que tengamos otro tipo de gestión, que involucre a la comunidad en las acciones del Municipio.
¿Cuál sería una opción?
Habría que plantearse empresas de tipo comunitario. Hay buenas experiencias de reciclaje de desechos sólidos en organizaciones comunitarias y barriales. Imaginemos los barrios encargados de la recolección de la basura y el reciclaje, y una firma municipal encargada de la gran recolección de desechos reciclados. Así se ataca al problema de la recolección de la basura y el del empleo.
¿Es beneficioso que la instancia pública se fortalezca retomando las competencias que encomendó en su momento a la empresa privada?
Realmente hay que fortalecer lo público. Esto no es lo mismo que fortalecer lo estatal.
¿Cuál es la diferencia?
Lo público significa acceder a un servicio de calidad, vigilado por la gente. Y lo estatal implica que el Municipio asuma un trabajo, que en términos financieros, sea ineficiente y no cuente con la participación de la ciudadanía. Actualmente, hay un sesgo muy pronunciado a lo estatista, no a lo público, que descuida la participación de la gente.
¿Qué riesgos tiene el fortalecimiento de la instancia pública?
Hay varios. Uno de ellos es que se está abusando de esta línea estatista. Y una consecuencia es que se torne ineficiente.
¿Otro riesgo?
Que la comunidad no se involucre en la solución de los problemas, sino que los deje a un tercero. Y el tema de la basura, por ejemplo, nos compete a todos.
¿Con este modelo le sale más barato a la ciudad?
Hay que balancear entre lo que es más barato y tener un servicio de calidad. De ahí que se aplica mejor el término eficiencia.
¿Cómo afecta este cambio a la ciudadanía?
Con el mismo ejemplo, pese a que estaba previsto el cambio, no hubo una alternativa eficiente, viable y validada. Eso generó acumulación de basura en las calles y descontento en la gente, que pensó que lo anterior era mejor, así no hubiese sido. Estos procesos necesitan ser consultados. Sin eso, los usuarios terminan inconformes y el proceso se torna caótico.
Además de la basura, está el caso de Fundación Natura y el tratamiento de desechos en El Inga. ¿Se pueden repetir los problemas registrados con Emaseo?
Se pueden repetir fácilmente. Por eso hay que pensar en tener modelos probados y no ir hacia uno sin conocerlo ni planificarlo. Ese cambio dramático trae más problemas que las buenas intenciones de retomar estas atribuciones en la instancia municipal.
¿Qué se debería hacer para evitarlo?
El primer paso es consultar a la comunidad y planificar sobre los criterios que la gente tiene en torno a los problemas. En este último caso, la comunidad quiteña y de El Inga debe opinar con respecto al tema de la basura.
¿Cómo se pueden concretar esas consultas?
El Municipio tiene instancias descentralizadas como son las administraciones zonales, donde hay activistas relacionados con los barrios.
Pero ¿el Municipio está preparado para encargarse de todos los servicios?
El modelo de gobierno municipal para una ciudad del tamaño de Quito está en crisis. Hay que inventar nuevos modelos para gobernar ciudades tan complejas como la capital. El modelo de gobierno no corresponde a sus particularidades y el Cabildo no está preparado para asumir con eficiencia, ni siquiera las competencias que la Constitución precisa.
Entonces, ¿cuál sería la solución?
Una descentralización más allá de las administraciones zonales, que en general funcionan bien, pero en la actualidad las decisiones políticas se concentran en el Concejo. Implicaría que haya un cuerpo colegiado o alcaldes que gobiernen cada una de las zonas, que conozcan sus particularidades y las engranen con las demandas de desarrollo de la ciudad.