El 12 de junio de 2025, la ministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz, solicitó con carácter urgente al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito la expropiación del predio Nro. 58283, ubicado en las calles El Calvario y Francisco Compte, en Guápulo. También pidió la reversión de la aprobación del proyecto “Edificio Byron Herrera Santa Cruz”.
Según el oficio MCYP-MCYP-2025-0781-O, esta medida busca “garantizar la protección efectiva del patrimonio cultural de Guápulo”, uno de los barrios más representativos de Quito.
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Guápulo está protegido por normativa patrimonial y convenios internacionales
El Municipio afirma que Guápulo forma parte del Área de Conservación Patrimonial del Centro Histórico de Quito, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1978. También integra el Plan Especial del Centro Histórico de Quito (Pechq) y permanece bajo jurisdicción del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
El Ministerio de Cultura advirtió que la edificación “transgrede no solo normativas nacionales de conservación del patrimonio, sino también las disposiciones internacionales que rigen los sitios declarados por la Unesco”.
También señaló que “su impacto en el paisaje, la escala y la armonía visual del entorno compromete el valor universal excepcional de Quito”, lo que podría generar observaciones o sanciones por parte del Comité del Patrimonio Mundial.
Inspecciones detectan reactivación irregular de la obra
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizó inspecciones técnicas y emitió informes especializados. En febrero de 2025, el Ministerio entregó oficios al Municipio con la solicitud de “suspensión inmediata de la obra, evaluación del diseño arquitectónico y adecuación del mismo, conforme al enfoque de paisaje urbano histórico y la normativa patrimonial vigente”.
En abril de 2025 instaló una mesa técnica interinstitucional. Técnicos del INPC, durante visitas al lugar, comprobaron que la obra retomó actividades pese a contar con sellos de suspensión. El Ministerio recalcó la “necesidad de aplicar medidas urgentes para salvaguardar el entorno patrimonial”.
